Despidos y precarización laboral en el Estado
El gobierno ha despedido a casi 4.000 trabajadores estatales, que suman a los más de 31.000 desde que asumió, incluyendo 2.400 empleados del Ministerio de Justicia. Estas decisiones, justificadas como medidas de ahorro, dejan a miles de familias sin sustento en un contexto de aumentos de precios y desempleo. Es un hecho ocultado pero el Estado es el primer empleador en negro desde hace décadas, con contratos basura, salarios de pobreza y la amenaza constante al despido.
La implementación del Sistema de Evaluación Pública (SEP) y los exámenes de idoneidad, que condicionan la continuidad laboral de empleados con décadas de experiencia, son una muestra del hostigamiento hacia los trabajadores. Buscan instalar un clima de miedo y sumisión en el ámbito laboral. La disposición surgió a través de la Ley Bases, una evaluación obligatoria destinada al ingreso en el Estado, no a trabajadores contratados de hasta décadas de antigüedad. No solo es ilegal es un atropello a quienes son extorsionados a rendir un examen si quieren ver renovados sus contratos. A su vez, la Ley Bases esta fuertemente cuestionada por el caso del senador Kueider, encontrado con más de 200.000 dólares no declarados en Paraguay y uno de los votos que hicieron su posible y ajustado resultado a favor. En ese marco los diputados del Frente de Izquierda presentaron un proyecto de Ley para anular los mal llamados “exámenes de idoneidad”.
Una economía que castiga a los sectores populares
La realidad económica es desoladora: la mitad de los trabajadores en el país gana menos de 500.000 pesos mensuales (formales o informales), muy por debajo de la canasta básica. Mientras tanto, el nivel de indigencia entre los jóvenes alcanza el 24,5%, evidenciando cómo esta crisis golpea especialmente a los más vulnerables. Además, la inseguridad alimentaria afecta a una proporción significativa de la población, con más del 70% de los jóvenes bajo la línea de pobreza.
En contraste, los grandes grupos económicos disfrutan de un «verano financiero», con enormes beneficios que contrastan fuertemente con el ajuste que se aplica a las clases trabajadoras. Las jubilaciones y los salarios perdieron poder adquisitivo, los alquileres, el costo de los alimentos y los servicios esquilman los ingresos de los hogares.
La estigmatización a los trabajadores estatales y a los desocupados revela un nuevo intento de enfrentar pobres contra pobres. El gobierno busca distraer con discursos divisivos que solo agravan las tensiones sociales.
Resulta irónico que para el gobierno la “casta” hayan sido los trabajadores, los jubilados y sectores populares, mientras los sueldos suntuosos de los funcionarios y sus manejos corruptos contrastan con la narrativa de austeridad que se intenta imponer al pueblo trabajador. Del mismo modo, la verborragia mileista de que «no hay plata» para recortar los remedios a los jubilados y congelar salarios choca de frente con el festín de los grandes empresarios y el gobierno veraneando en Miami.
Una alternativa desde la lucha
El primer año de gobierno de Milei deja en evidencia que su «cambio» no es más que una profundización del ajuste y los privilegios para unos pocos. Es necesario construir una respuesta colectiva que defienda los derechos de los trabajadores y derrote el plan de Milei.
Frente a este panorama, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) se posiciona como una alternativa de resistencia. Las acción parlamentaria va de la mano de una propuesta clara de organización desde las bases. El FIT busca movilizar a trabajadores, estudiantes y sectores populares para enfrentar estas políticas. Y mañana convoca a movilizarse a Plaza de Mayo, en un nuevo aniversario de las Jornadas de 2001, y a un año del gobierno de Milei.