Cuando faltan dos días para la sesión especial en la Cámara de Diputados en la que se discutirá el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, el expresidente y actual titular de Pro Mauricio Macri reunió vía zoom a la mesa directiva del partido para tratar de definir una postura común. Acordaron que el bloque, que encabeza Cristian Ritondo, apoye la medida presidencial y se mantenga como aliado de La Libertad Avanza. Así se lo confirmaron a LA NACION fuentes partidarias.
La multitudinaria marcha en favor de la universidad pública y en contra del veto, llevada a cabo el miércoles pasado, fue uno de los factores que tuvieron en cuenta Macri y los asistentes a la reunión. Fueron invitados los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Además, estarán los diputados nacionales María Eugenia Vidal y Diego Santilli, más la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez. Ritondo integra, además, la mesa de coordinación parlamentaria que encabeza cada lunes en la Casa Rosada el jefe de gabinete, Guillermo Francos, aunque ese cónclave quedó sin fecha ni horario establecido, a la espera de una definición por parte del macrismo, principal aliado de La Libertad Avanza en el Congreso.
El expresidente, quien se reunió el jueves en privado con el asesor presidencial Santiago Caputo, dio ayer una pista alentadora para el oficialismo, en un contexto de dificultad para el Gobierno, en la búsqueda alcanzar una minoría similar (87 diputados) a la que defendió en la Cámara baja el veto a la reforma jubilatoria.
“Acá no se está discutiendo la autonomía universitaria. Tampoco se está cuestionando el acceso a la universidad ni su funcionamiento. Lo que realmente está en disputa es ‘la suya’: la parte del presupuesto que se desvía hacia la política”, afirmó el ex presidente en un posteo de su cuenta en la red social X. También sostuvo que “la UBA enfrenta una crisis de transparencia”, ya que “desde 2015 no ha presentado ni una sola factura”, afirmó Macri.
“!Buen gesto! Pero los pingos se ven en la cancha. Nos gustaría ver como vota el bloque, creemos que tenemos a la gran mayoría del Pro adentro”, evaluaron ayer cerca del Presidente, una vez conocido el posteo de Macri.
“No hay margen para aprobar proyectos que afecten el déficit cero. El kirchnerismo sólo busca atacar el corazón del plan económico para desestabilizar al Gobierno. No pasarán!”, sostuvo hoy el subsecretario de prensa, Javier Lanari, en un posteo matinal retuiteado por el propio Milei.
“Si nosotros siguiéramos igual la situación está muchísimo peor para el Gobierno”, evaluó en la mañana del lunes un integrante de la mesa ejecutiva del macrismo. Y más allá del “ninguneo” que muchos atribuyen al Gobierno en relación a las opiniones y posturas de Macri, de todos modos la opinión mayoritaria en el Pro sería la de apoyar a Milei y no “sacarle el banquito” en un momento complicado. Esta postura habría sido la que primó en el debate de la mesa nacional macrista.
Desde el oficialismo reconocen que de los 87 “héroes” que votaron en favor del veto, ya no podrían contar para el miércoles con los tres que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ni a los dos diputados cercanos al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. Lo mismo ocurre con dos de los cinco radicales que defendieron el veto a la actualización de la jubilaciones, varios de los cuales festejaron luego con Milei en la quinta de Olivos. Con siete apoyos menos, el Gobierno mira con atención los ausentes de aquella votación, que también podrían sumar en favor de la ley. Y para colmo, el diputado desarrollista Oscar Zago, otro voto en favor del Gobierno, avisó que no estará en la sesión por un viaje. “Está difícil, pero no imposible”, afirmaron a LA NACION desde Balcarce 50, en el inicio de una jornada de definiciones para el oficialismo y su mejor aliado parlamentario.
El comunicado completo de Pro
Sobre la postura del partido en relación al conflicto universitario El PRO siempre ha defendido la bandera de la educación pública. Lo demostró durante la presidencia de Mauricio Macri y lo sigue mostrando en sus actuales administraciones provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires. Desde esa experiencia, somos críticos sobre la gestión que el Gobierno Nacional ha llevado adelante sobre las universidades nacionales. Durante los últimas diez meses:
● Decidió prorrogar el presupuesto del año 2023 sin establecer con claridad los fondos que se iban a asignar a las universidades durante 2024.
● Noterminó de conformar las autoridades de la Auditoría General de la Nación, organismo responsable de auditar a las universidades.
● Noconstituyó la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que define el plan de auditorías para la AGN.
● Tampocoderogó la resolución del Ex Procurador Zanini del 28 de noviembre de 2022 que impide a la SIGEN, organismo auditor del Poder Ejecutivo, auditar a las universidades.
● No constituyó la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que define el plan de auditorías para la AGN.
● Tampocoderogó la resolución del Ex Procurador Zanini del 28 de noviembre de 2022 que impide a la SIGEN, organismo auditor del Poder Ejecutivo, auditar a las universidades.
● Llegando al último trimestre del año no ha logrado acordar con los gremios universitarios una paritaria que traiga tranquilidad a docentes y estudiantes. En síntesis, habiendo pasado diez meses de gestión el gobierno se encuentra en un conflicto agravado por cuestiones internas del propio gobierno, conflicto que con una gestión profesional y eficiente se podría haber evitado. Como siempre hemos señalado, para el PRO la gestión importa. Hoy nos toca desde el Congreso definir nuestra posición en relación al veto del Presidente Milei sobre la ley de Financiamiento Universitario. Nuestro bloque ya votó mayoritariamente en la Cámara de Diputados hace pocas semanas, rechazando esa ley. Seguimos pensando lo mismo. Somos coherentes con la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como prioridad para que nuestro país salga adelante. Somos coherentes con nuestro respeto a la ley de Administración Financiera que impide que una ley defina un gasto sin explicar cómo se financia.
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