El fiscal Ricardo Mazzucchi decidió otorgar la libertad a un cabo de la Policía de Córdoba, acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una joven de 23 años. El caso había conmocionado a la ciudad de Villa Carlos Paz, a 37 kilómetros de Córdoba capital.
La imputación que pesa sobre el cabo, actualmente en situación pasiva, (abuso sexual con acceso carnal) constituye un delito gravísimo que, según el Código Penal argentino, tiene una pena mínima de siete años de prisión.
La víctima denunció que el 13 de julio el acusado la sometió sexualmente aprovechándose de su estado de inconsciencia tras haber consumido bebidas en un boliche de Villa Carlos Paz. La denuncia impulsó una investigación que aún continúa abierta.
La más reciente decisión del fiscal, firmada el 13 de septiembre de 2024, establece que el acusado deberá cumplir con una serie de condiciones, pero lo hará en libertad: fijar domicilio en el departamento de Punilla, no ausentarse sin autorización previa, y mantener una distancia de 300 metros de la víctima en cualquier espacio público o privado.
Además, deberá someterse a tratamiento psicológico y presentar informes mensuales a la Fiscalía.
Cabe mencionar que a pesar de las graves acusaciones que pesan sobre el imputado, es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Sin embargo, la resolución de la fiscalía generó asombro y preocupación. La víctima, preocupada por la decisión, solicitó ser reubicada laboralmente en otra ciudad, ya que no se siente segura en Villa Carlos Paz.
Su jefe aceptó el pedido, y la joven está siendo trasladada a otra sede de la empresa. “Me quiero ir de esta ciudad”, declaró la mujer entre lágrimas, según fuentes cercanas.
El abogado de la víctima, Esteban Yangüez Papagenadio, presentó un recurso de nulidad e inconstitucionalidad ante el juez de Control, señalando que el fallo del fiscal carece de perspectiva de género y de una fundamentación adecuada.
“Es una decisión inexplicable que parece más una defensa del imputado que una resolución fiscal”, cuestionó Yangüez, resaltando la falta de mención a la gravedad del caso y al riesgo procesal que implica otorgar la libertad.
Los argumentos del fiscal
En su resolución, Mazzucchi argumentó que, aunque la imputación es grave, no hay riesgo de fuga por parte del acusado. Según el fiscal, el cabo se encuentra en situación pasiva en la Policía de Córdoba, no tiene acceso a armas ni a información que pudiera entorpecer el proceso.
Además, el fiscal destacó que el imputado colaboró durante toda la investigación, no intentó manipular pruebas ni evadir la justicia.
Mazzucchi también consideró que el acusado cuenta con un fuerte arraigo familiar y domicilio fijo, lo que reduce la posibilidad de que intente fugarse.
Con base en estos argumentos, el fiscal concluyó que no era necesario imponer una medida más severa, como la prisión preventiva, y optó por conceder la libertad bajo condiciones, como la prohibición de acercarse a la víctima y la obligación de presentarse regularmente ante la Fiscalía.
Sin embargo, uno de los puntos más controversiales del fallo, según Yangüez Papagenadio, es la ausencia de perspectiva de género, un enfoque obligatorio en este tipo de casos.
El abogado sostuvo que el fiscal no tomó en cuenta normativas nacionales e internacionales, como la Ley Micaela y la Convención de Belém do Pará, que protegen a las víctimas de violencia de género.
“La víctima no solo fue abusada, sino que ahora debe vivir con el temor de encontrarse nuevamente con su agresor en una ciudad pequeña donde todos se conocen”, expresó Yangüez, quien también destacó que su defendida está en proceso de mudarse para alejarse del lugar de los hechos.
Sospechas de influencias y un planteo sin precedentes
El entorno de la víctima también expresó dudas sobre posibles influencias dentro de las fuerzas de seguridad que podrían haber facilitado la liberación de Daniel C. “Sigue imputado por un delito gravísimo, y aunque no lo hemos podido comprobar, estamos seguros de que puede haber presiones que estén jugando a su favor”, afirmó una compañera de trabajo de la víctima.
Ante este panorama, Yangüez Papagenadio presentó un planteo de nulidad, inconstitucionalidad e inconvencionalidad en respuesta al fallo, algo sin precedentes.
Según el abogado, la decisión del fiscal presenta una “fundamentación aparente”, es decir, una resolución formalmente fundamentada pero que no aborda de manera adecuada los hechos ni el derecho aplicable. Alega que la motivación del fiscal es incompleta y contradictoria en relación con las pruebas presentadas.
El recurso de inconstitucionalidad se basa en que la resolución no cumple con las normativas que obligan a investigar y juzgar este tipo de delitos bajo una perspectiva de género, conforme lo establecen tratados internacionales ratificados por Argentina, como la Convención de Belém do Pará.
Yangüez subraya que la falta de aplicación de estas normativas constituye una violación a los derechos humanos de la víctima, y solicita que se revoque la libertad del acusado.
Cómo ocurrieron los hechos
Según la denuncia, la joven asistió con amigas a una fiesta el 13 de julio en un boliche de Villa Carlos Paz, donde conoció al imputado, un policía fuera de servicio.
Tras consumir bebidas, la joven entró en un estado de inconsciencia. El acusado la llevó a su vivienda, donde la sometió sexualmente aprovechándose de su condición.
Al despertar en un departamento desconocido, la víctima notó que el acusado se estaba vistiendo. Según su relato, él intentó justificar lo ocurrido diciendo que había sido “consentido”. La joven, sintiéndose acorralada, decidió denunciar los hechos al día siguiente.
Los investigadores buscan determinar si la víctima fue drogada con un somnífero. Las pruebas aportadas por la denunciante han sido abundantes y convincentes, según fuentes cercanas a la causa.
El caso sigue su curso judicial, con un recurso pendiente ante el juez de Control para revisar la libertad otorgada.