CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La reforma constitucional que dejará a la Guardia Nacional de México bajo el control del ejército entró la noche del martes en su recta final luego de que el Senado comenzó el debate del controversial proyecto.
La sesión arrancó cerca de las 10 de la noche en medio del rechazo de la bancada opositora, que adelantó que votarán en contra del proyecto aprobado la semana pasada por la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados.
Al abrir las discusiones, la senadora oficialista Citlalli Hernández negó que la reforma busque militarizar el país y aseguró que ayudará en la supervisión del desempeño de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública.
Susana Zatarain, del opositor Partido de Acción Nacional (PAN), refutó los planteamientos de su colega y señaló que la iniciativa representa “un paso más al militarismo irreflexivo”, y exhortó al oficialismo a detener el proyecto y a abrir un debate para buscar una “solución de Estado” a la inseguridad en México.
Pese a las críticas de organizaciones humanitarias y expertos de Naciones Unidas, que sostienen que la reforma profundizará la militarización de la seguridad y no resolverá los problemas de violencia, el oficialismo y sus fuerzas aliadas — que controlan el Congreso — están decididos a aprobar la iniciativa en las próximas horas, a menos de una semana del fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido su principal promotor y defensor.
La iniciativa forma parte de un paquete de leyes propuestas en febrero por el mandatario, que incluyó la polémica reforma judicial que aprobó hace dos semanas la mayoría oficialista del Congreso con el respaldo de sus aliados en medio de protestas de jueces y empleados judiciales.
El presidente saliente decidió promover la reforma militar pese a que el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una iniciativa similar que había recibido luz verde en el Congreso en 2022, alegando que las funciones de seguridad pública “son de competencia exclusiva de las autoridades civiles”.
Desde hace varios años López Obrador se ha manifestado a favor de que la Guardia Nacional, su gran apuesta para hacer frente a la criminalidad en el país, esté manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para garantizar el “profesionalismo, disciplina, honestidad” y evitar que se corrompa, lo que asegura que ocurrió con la desaparecida policía federal.
Cuando creó el cuerpo en 2019, tenía una opinión diferente y lo dejó en manos de la Secretaría de Seguridad.
Para algunos analistas, la reforma, que prevé que la Guardia Nacional esté integrada en su totalidad por “personal militar con formación policial”, formalizará la presencia de los uniformados en el cuerpo, puesto que en la actualidad más del 80% de sus 130.000 miembros provienen del Ejército y la Marina.
“Esta reforma es el clavo final al ataúd de la seguridad civil en México”, afirmó el senador del opositor Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, y advirtió que tendrá “implicaciones muy delicadas”. El exalcalde de la ciudad norteña de Monterrey planteó que es “hipócrita” exigir mayores resultados a las policías locales “mientras se desaparecen apoyos y drásticamente reducen recursos vitales”.
Las fuerzas armadas mexicanas han cumplido desde 2006 un papel clave para mantener la seguridad en las calles, que se reforzó durante el sexenio de López Obrador, quien entregó a los militares numerosas tareas, proyectos claves y presupuestos que antes eran manejados por civiles.
Pese al protagonismo de los militares en las labores de seguridad pública, la violencia no se ha contenido. La reforma también cuenta con el respaldo de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
Expertos de la ONU mostraron en un comunicado el martes sus objeciones a la iniciativa, apuntando que el traslado de la Guardia Nacional al ejército puede “aumentar el riesgo de abusos contra los derechos humanos, incluidas la tortura, la detención arbitraria, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”.
A las críticas se sumaron también Amnistía Internacional y organizaciones locales como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que expresó que la reforma “será un paso sin retorno hacia la militarización” y eliminará la “garantía orgánica” que obliga a que las instituciones de seguridad pública sea de carácter civil.
El Centro Prodh mostró su preocupación por la ausencia de controles civiles externos y extraordinarios de la actuación de los uniformados en las labores de seguridad pública, como acordó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
En el proyecto de reforma se plantea que las investigaciones penales corresponderán al Ministerio Público, pero también se dan atribuciones en esa materia a la Guardia Nacional.
Asimismo, se otorgan facultades al Ejecutivo para “disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública”, un punto que también ha generado inquietud entre las organizaciones humanitarias al extender de manera indefinida la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad.
Como parte del proceso de transferencia, el texto de la reforma establece que la Sedena asumirá el presupuesto y recursos materiales de operación de la Guardia Nacional.