Jhon Boretto es el rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Y desde que asumió Javier Milei, enfrenta un ajuste que golpeó a las casas de altos estudios con un primer capítulo, en abril, en el que la sociedad y los estudiantes lograron frenar los recortes al menos en los gastos de funcionamiento.
Pero los salarios siguieron sufriendo. Ahora, en las últimas semanas, el Congreso aprobó una ley de refuerzo presupuestario para recomponer ingresos de docentes y no docentes, algo que Boretto considera central. Pero el presidente Milei afirmó que vetará la iniciativa. ¿Qué puede pasar?
–¿Por qué es importante para las universidades esta ley de refuerzo presupuestario que aprobó el Congreso?
–Cuando se dio la marcha en abril, la primera manifestación fuerte del conflicto por el financiamiento universitario, se obtuvo una respuesta que abarcó la cuestión de las partidas para gastos de funcionamiento. Partidas que estaban en una situación muy crítica porque llevaban más de un año con valores congelados, incluso todo 2023. Ahí tuvimos una respuesta. Pasa que, del total del Presupuesto, esas partidas para funcionamiento representan menos del 10%. Lo que se produjo a lo largo de este año fue un fuertísimo deterioro de la masa salarial, del poder adquisitivo, tanto de docentes como de no docentes. Para dar algún indicador respecto de la inflación, desde diciembre hasta julio, agosto, perdimos más del 50% del salario.
–Como si se les hubiesen bajado el sueldo a la mitad.
–Exactamente. Se requeriría un incremento de más de 33 puntos aproximadamente para recuperar el deterioro que sufrieron los salarios por la inflación. En términos del Presupuesto, esto es un volumen muy significativo, tanto en docentes como para los no docentes. Pero además, esto tiene otras implicancias negativas como en el financiamiento de las obras sociales. La nuestra se financia con aportes de los sueldos, y todos sabemos que los costos de las coberturas de medicamentos y de estudios médicos han aumentado por encima incluso de la inflación promedio. Hoy hay muchos salarios por debajo de la línea de pobreza. Esto genera un desincentivo, sobre todo, para los docentes más jóvenes que se han formado, que se han doctorado. Es una cuestión que tiene un impacto presente, pero que si no se logra revertir va a generar un impacto grave en el futuro.
–Es una degradación que se va produciendo no solo mes a mes.
–Claro, porque generás menos atractivo para continuar la vida profesional académica científica en la Universidad. Porque además, está la dificultad vinculada al financiamiento del sector científico, que viene por otro lado. Hace unos días, resolvimos establecer un fondo de emergencia de 100 millones de pesos para el funcionamiento de ciertas áreas experimentales. Por ejemplo, la de los bioterios, que requieren equipos y un funcionamiento que no se puede detener porque se llevan adelante experimentaciones e investigaciones de muchos años. Esos fondos que antes venían desde las agencias nacionales, como el Conicet, o la Agencia Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, y llegaban a los investigadores a través de subsidios, no se han actualizado. Esto también está en riesgo.
–¿Qué significa una investigación de esas características?
–-Muchas están vinculadas a problemáticas de la salud. Pero abarcan a distintas facultades que tienen áreas experimentales, como Ciencias Químicas, Ciencias Agropecuarias, Exactas, el Famaf, y también Psicología y Odontología. Es decir, muchas investigaciones que llevan mucho tiempo y mucha inversión en la formación de los investigadores y en las experimentaciones.
El veto de Milei
–¿Qué pasaría si, como dijo, el presidente Milei termina vetando esta ley? ¿Qué van a hacer las autoridades de las universidades? ¿Supone que habrá una nueva marcha masiva?
–Sin duda, durante todo el semestre, estuvimos en una situación de conflicto a raíz de este retraso salarial. El próximo martes tenemos una reunión en Buenos Aires del Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores. Ahí nos reuniremos con las entidades gremiales y la representación gremial estudiantil. Es muy probable que se resuelva convocar a una marcha para los primeros días de octubre. Obviamente estamos preocupados por esta situación, porque efectivamente el deterioro de los salarios es muy significativo. Y también vamos a hacer un análisis más pormenorizado sobre la propuesta del Presupuesto (2025) que elevó el Gobierno.
–¿La movilización en la calles, como la de abril, es a lo que más le teme el Gobierno nacional?
–En esa ocasión logramos la solidaridad y el acompañamiento de gran parte de la sociedad. Y el Gobierno, en esa ocasión, reaccionó y se logró el acuerdo que permitió resolver lo de las partidas para gastos de funcionamiento. Después, teníamos la expectativa de que los canales de diálogo que se habían abierto permitieran un proceso, aunque sea paulatino, de recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Eso no funcionó. Es decir, la paritaria existe en lo formal, pero no ha habido acuerdos. Apelamos y deseamos que haya espacios de entendimiento, de conversación, de planificación conjunta entre el Gobierno y las universidades. No es que lo desconocemos.
–¿Existe comunicación?
–Los niveles de conversación existen, pero no ha habido respuestas acordadas en esos ámbitos. O sea, no es que no exista el diálogo; existen contactos con el Gobierno. Pero, por ejemplo, para elevar la propuesta del Presupuesto, habitualmente lo que hacíamos era un trabajo compartido con el área educativa (del Gobierno). Por ahí no coincidían las posturas, las peticiones que hacíamos desde las casas de estudios y las propuestas que después elevaban los gobiernos. Pero cada año había una conversación en torno a cómo trabajar.
–Había un diálogo.
–Esa mesa de trabajo, que en algún momento parecía que iba a funcionar, finalmente no funcionó. Nos enteramos de la propuesta de Presupuesto el día que lo anunciaron…
Auditoría
–Además de un ajuste, se introdujo en el Presupuesto 2025 la posibilidad de que el Ministerio de Capital Humano pueda auditar a las universidades, y que eso sirva para definir si se le siguen dando fondos o no. ¿Qué se sabe?
–Vamos a analizar las implicancias de ese aspecto. Las universidades tienen autonomía, pero eso no significa que no rindan cuentas. Nosotros rendimos constantemente cuentas al Estado Nacional y nuestros fondos son auditados, ya sea por Sigen o por la Auditoría General de la Nación. Por ejemplo, en nuestra universidad en este momento, está llevando adelante un proceso la Auditoría General de la Nación. Siempre rendimos cuentas, y se llama “cuenta de inversión”. Mensualmente enviamos cómo va ejecutándose el presupuesto, y después el Ministerio de Economía tiene que rendirle cuentas al Congreso, que fue quien aprobó las partidas. Capaz que esto tenga que ver con una cuestión más discursiva, pero hay que ver bien cuáles son los alcances .
–¿Cuánto es lo que el Gobierno presupuestó para el año que viene, y cuánto es lo que necesitan las universidades? ¿Cuán lejos están?
–El Gobierno plantea un presupuesto de 3,8 billones de pesos. Eso es un poco más de la mitad de lo que nosotros habíamos estimado como necesidad. La diferencia es la explicación central (del conflicto). Lo que nos preocupa es el desfasaje que hubo en los salarios docentes y no docentes. Y eso es central. Puede haber algunos otros aspectos que se pueden conversar, y puede haber alguna cuestión vinculada a los gastos de funcionamiento también… Por ejemplo, luego de la marcha de abril, se hizo actualización y se recuperó, de algún modo, la inflación, pero queda una parte de la de este año que quizás no esté contemplada ahí.
–Con lo transitado ya de la administración de Milei, ¿qué piensan sobre su mirada sobre el sistema universitario?
–El Gobierno parece apuntar hacia otro lado. Más allá de que uno puede… yo creo que es defendible el objetivo del equilibrio fiscal del gobierno, pero los caminos para lograrlo son diversos. Ahí es donde empiezan a jugar las prioridades. Creemos que la educación y la ciencia son muy importantes porque nuestro país tiene problemas muy serios, estructurales. Argentina necesita generar valor para las comunidades, vincular a las universidades, como lo estamos haciendo, con los sectores productivos. Por eso, es un área que no debería recortarse. Además, la ley de financiamiento que votó el Congreso representa sólo el 10% del superávit fiscal que el Gobierno obtuvo hasta agosto de este año; o sea, no compromete para nada el equilibrio fiscal. Por eso nos animamos a pelear por esa cuestión.
Salarios
–¿Cuál es hoy el salario promedio testigo en la Universidad?
–Son muy diversos, pero, por ejemplo, un docente en una categoría inicial, un ayudante de máxima dedicación, o sea con 40 horas, no llega 600.000 pesos. Si le agregás 10 años de antigüedad, se va a 700.000 pesos. ¡Un docente de dedicación exclusiva! Lo mismo pasa con las categorías iniciales del personal no docente, que están en el orden de los 600.000 pesos. Es decir, muchos están por debajo de la línea de la pobreza.
–En Buenos Aires se habla de la migración de docentes de los colegios pre-universitarios a las escuelas públicas de la Ciudad porque los sueldos son mejores. ¿Hay algo así acá?
–Lo escuché. Es posible que se esté dando, no tengo constancia. Pero efectivamente, como decía, el deterioro salarial genera un desincentivo y una pérdida de la calidad. Y obviamente nos preocupa.