El 23 de diciembre se subastó el edificio donde, al menos hasta ese día, funcionaban oficinas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y trabajaban 150 personas. La venta, habilitada por el Decreto 950/2024 publicado en el Boletín Oficial el 25 de octubre, fue por US$ 18,5 millones, y superó ampliamente el precio establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que había valorado el inmueble en US$ 5,7 millones. El precio de mercado, sin embargo, se acercaría más al número por el cual se remató.
El edificio, de 3.143,53 m2 cubiertos, está ubicado en la zona de Palermo, donde el valor por metro cuadrado promedio, según Informe Inmobiliario, es de US$ 3.333. Tomando este monto como referencia, el costo de la propiedad rondaría los US$ 10.477.385, el doble de lo que se tasó originalmente, y un 46% más que los US$ 6.378.968 que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) estableció como precio base para la subasta.
El decreto que habilita su venta también pone en proceso de “enajenación” más de 300 inmuebles: algunos incorporados en esta última resolución, otros que datan de decretos de los años 2016 a 2019. Es precisamente sobre este período que un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció irregularidades en la venta de algunos inmuebles del Estado, entre ellas subastas muy por debajo de los valores de referencia. Al respecto señalan que “se verificó que, en algunos casos analizados, la AABE utilizó
como regla general dos tercios del precio del mercado y, en otros, aplicó un ajuste producto de un análisis comercial, sin adjuntar documentación ni debida justificación que fundamenten la decisión de apartarse de la valuación establecida por el Tribunal de Tasaciones de la Nación”.
La Procuraduría dictaminó que «podría propiciar un escenario fértil de corrupción»
Especialistas en la materia explicaron a PERFIL que el Tribunal de Tasaciones fue cambiando su composición en la década de 1990, y que en la actualidad los profesionales que forman parte de este organismo tienen voz, pero no voto: los únicos representantes con voz y voto son los del Estado. En la página web de la institución se detalla que la mesa donde se toman las decisiones está compuesta por un presidente, con voz y voto; un miembro, con voz y voto; un director o coordinador con las mismas facultades; y uno o varios profesionales, con voz únicamente. Y se aclara lo siguiente: “La que tasa es la sala. No el profesional que propone el informe”.
Por el caso particular del inmueble propiedad del INTA, ubicado en avenida Cerviño 3101, la Mesa Agroalimentaria Argentina se presentó ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para denunciar la intervención y el vaciamiento del instituto. Respecto a la venta de este edificio, señala un comunicado de esta mesa, la fiscalía a cargo de Sergio Rodríguez dictaminó, entre otras cosas, que “la desafectación del inmueble fue iniciada por un organismo incompetente; no se cuenta con informes que den sustento a las tantas veces repetida innecesidad del inmueble”.
Desde la mesa plantearon que el documento de la PIA manifiesta que “el pliego de condiciones particulares para participar de la subasta incluye un cargo de construcción que luce irrazonable en relación con el objeto buscado de simplemente reducir costos (la obligación de construir un edificio torre en el citado predio)”, lo que “constituye una fuerte restricción a la competencia” y “atenta contra los principios que deben regir en todas las contrataciones públicas, dando indicios de discrecionalidad y corrupción bajo la forma de ‘subasta direccionada’”. Por otro lado, el comunicado afirma también que esa fiscalía consideró “llamativa” la premura en subastar esa propiedad. Dos días antes de la subasta, la Procuración explicitó que “el trámite del procedimiento podría estar afectado por vicios de imposible subsanación ulterior, propiciando un escenario fértil para posibles hechos de corrupción administrativa con relevancia jurídico-penal y/o patrimonial”.
Otras subastas polémicas de inmuebles
Un informe de la Fundación para el Desarrollo Integral analizó los casos que consideran “más emblemáticos” de los bienes a rematar por el Estado: entre ellos, predios destinados a soluciones habitacionales, un museo y un lugar en donde se habrían producido enterramientos clandestinos durante la última dictadura militar, algo que el propio Estado reconoce.
En el primero de los casos hacen referencia a un predio ubicado en la provincia de Santa Fe, que consiste en 201 inmuebles bajo jurisdicción de la AABE y que en total suman 4,57 hectáreas, que en principio estaban destinadas al Programa Arraigo, “cuya finalidad se orienta a brindar soluciones habitacionales a hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica. El predio fue loteado, las parcelas fueron creadas, pero nunca fueron concretadas las soluciones habitacionales”, destacan.
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Por otro lado, señalan el caso del Museo de Artes Visuales de Trelew, ubicado en un predio de 2.700 m2. “Parte de la parcela es ocupada por un edificio del Correo Argentino. De origen militar, el Estado Mayor General del Ejército (EMGE) aún conserva su jurisdicción. El terreno es conocido como ‘Ex Distrito Militar de Trelew’ y se encuentra muy bien mantenido”, afirman.
En Córdoba, por último, el documento menciona el caso de un inmueble ubicado en la localidad de Malagueño, que consta de 58 hectáreas organizadas en tres inmuebles. “El problema que presenta este predio, tal como lo reconoce la propia AABE, es que pesa sobre el mismo una acción de ‘no innovar’, dispuesta en autos ‘Averiguación de enterramientos clandestinos en Autos Pérez Esquivel, Adolfo y Martínez María Elba (Expte. N° 9.693)’, en trámite ante el Juzgado Federal N° 3 de la Ciudad de Córdoba”, que establece la prohibición de realizar tareas que alteren el suelo.
“La propia AABE da cuenta de una sospecha de que el Ejército realizó enterramientos clandestinos durante la última dictadura militar”. Y no solamente eso: “Este reconocimiento también ha sido realizado por el propio Estado y los organismos de derechos humanos, que establecieron un sitio de memoria en el terreno conocido como ‘La Perla Chica’. Fue bautizado de esa manera ya que se encuentra a pocos metros del centro clandestino de detención La Perla, el más grande de la provincia”, sintetizaron.