Este miércoles, la Comisión Europea lanzó oficialmente el proceso de ratificación del acuerdo comercial con el Mercosur, que involucra a 27 países del bloque europeo y al Parlamento Europeo, generando interés y controversia por la reticencia de Francia. Este tratado de libre comercio busca fortalecer las exportaciones de automóviles, maquinaria y bebidas alcohólicas de Europa a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras facilita la entrada de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos. El objetivo es beneficiar a consumidores y empresas, pero también se plantean riesgos para algunos sectores agrícolas europeos.
El ejecutivo europeo validó el acuerdo y aseguró que se implementarán garantías sólidas para proteger el sector agrícola, crítico del pacto. La adopción por parte de los comisarios europeos representa el primer paso antes de que el tratado sea sometido a aprobación de los Estados miembros y los eurodiputados en los próximos meses.
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Tras prometer estas garantías, la Comisión instó a los Estados a aprobar el acuerdo “rápidamente”. Un alto funcionario europeo afirmó que “no hay motivo para esperar”, mientras Bruselas espera cerrar la aprobación con los Veintisiete antes de que finalice 2025, coincidiendo con la presidencia rotatoria de Lula da Silva en el Mercosur.
El tratado permitirá a la Unión Europea exportar más productos estratégicos y, a cambio, facilitará la entrada de alimentos y materias primas latinoamericanas, lo que genera preocupación por posibles impactos negativos en sectores sensibles como la carne de vacuno, el azúcar y los biocombustibles.
Para la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el acuerdo es “beneficioso para todas las partes, con ventajas significativas para consumidores y empresas”. Sin embargo, desde que concluyeron las negociaciones en diciembre, los sindicatos agrícolas europeos han mostrado fuerte rechazo. El principal sindicato francés, FNSEA, advirtió: “La lucha continúa”, dirigiéndose al presidente Emmanuel Macron.
Francia mantiene su oposición al tratado, argumentando que amenaza su producción de reses, aves, azúcar y biocombustibles, y solicita medidas de protección adicionales. Esta disputa coincide con una situación política delicada en el país, donde el gobierno podría enfrentar una moción de confianza el próximo lunes.
Para calmar las preocupaciones, Bruselas prometió un texto jurídico reforzando las salvaguardias para los productos europeos sensibles y comprometiéndose a intervenir ante efectos negativos en sectores específicos. Von der Leyen aseguró haber escuchado a agricultores y Estados miembros, destacando que se establecieron garantías jurídicamente vinculantes.
Italia expresó satisfacción por estas medidas y evaluará su eficacia antes de decidir su apoyo definitivo. Francia, por su parte, revisará que sus demandas estén incluidas y sean viables legalmente. Dentro del país, la oposición de extrema derecha y la patronal bovina consideran que aceptar el acuerdo sería una “traición”, mientras la izquierda radical llama a la “movilización general” contra el tratado.
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A pesar de la oposición, el acuerdo cuenta con numerosos partidarios, especialmente Alemania, que busca nuevos mercados ante la presión arancelaria de Estados Unidos. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, lo calificó como una “excelente oportunidad” para la competitividad europea. Según Bruselas, el acuerdo podría ahorrar más de 4.000 millones de euros en aranceles anuales a exportadores europeos.
El tratado incluye una parte política y otra comercial, y Francia no puede bloquear únicamente la sección comercial. Para impedir la ratificación, debería reunir una “minoría de bloqueo” que incluya al menos cuatro Estados que representen un 35% de la población de la UE.
GZ
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