Apenas asumió Javier Milei como presidente las empresas constructoras salieron con todo a poner un reclamo sobre la mesa. El flamante mandatario había levantado bien alto la bandera que decía “no hay plata”, por lo que se pondría fin a la obra pública –entre otras tantas cosas-, y los empresarios no demoraron en levantar la mano para recordar la deuda que el Estado tenía con el sector, tanto por obras ejecutadas como en pleno proceso.
Se trataba de $ 400.000 millones en concepto de obras hechas y en proceso, y el temor más grande era que nunca se pudiera cobrar ese dinero, algo que todavía hoy en buena parte se hace realidad.
Según confiaron varias fuentes sectoriales consultadas por Clarín, “algo de ese monto fue pagado”. Y aunque a los propios industriales les resulta muy difícil determinar una cifra concreta respecto de cuánto se saldó de ese rojo, desde algunas empresas apuntan que “lo que se estima de modo informal es de entre el 15% y el 20%”.
Tomando como base la deuda que originalmente reclamaron las constructoras y el porcentaje que hasta el momento habría cancelado el Gobierno, y según los cálculos del sector, el rojo que se cubrió oscila entre los $ 60.000 millones y los $ 80.000 millones.
De acuerdo a lo que explican en el propio sector, la imposibilidad de tener cifras concretas al respecto está relacionada con que ni de un lado ni de otro se encargan de llevar un recuento sobre esto. Los cálculos se dan en base a las estimaciones sectoriales, y en base a la información que van recabando de forma informal desde las propias empresas.
“Lo que fue ocurriendo fue que aparecieron partidas determinadas, y para distintas dependencias, y con eso se saldaron algunas deudas; se pagó lo que fue alcanzando. En algunos casos hubo cancelaciones de forma total y en otros de forma parcial o muy parcial. Los criterios que se tomaron fueron, básicamente, la antigüedad; las deudas que llevaban más tiempo, en esta caso se vieron beneficiados”, sostuvieron las fuentes consultadas al momento de explicar cómo se comenzó a dar el leve intento por equilibrar las cuentas.
Donde no se beneficiaron, en cambio, fue en los montos de los pagos. Los valores adeudados no fueron actualizados, es decir que se cobró lo que marcaban las planillas. “Si la deuda era de $ 100, se recibieron $ 100; en ningún momento hubo márgen para negociar una actualización”, dijeron los empresarios.
Lo que también cambió fue la postura que tomaron las propias constructoras. Hace exactamente un año, algunos empresarios habían pateado el tablero y anunciaron que iniciarían acciones legales contra el Estado para apurar el cobro de las deudas. Ninguno de los casos llegó a la Justicia.
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“En esta decisión no tuvo nada que ver que se haya empezado a cubrir parte del rojo, sino que se sabe que hacer un juicio al Estado puede ser desgastante, más allá de que no todos tienen ganas de ponerse de frente al Gobierno”, reflexionó un empresario.
Una situación sin vuelta
Más allá del goteo muy lento del Gobierno del pago de las deudas, lo que se suma a este escenario complejo es la virtual desaparición de la obra pública. A poco de asumir, el gobierno nacional suspendió más del 70% de los proyectos de infraestructura que estaban en marcha, y de 2.337 obras que se encontraban en ejecución, solo quedaron en pie algo más de 100.
El golpe que esta decisión tuvo sobre la inversión en obra pública fue notorio. En 2024 cayó un 77,3% real respecto de 2023 y alcanzó el nivel más bajo desde 2002. Y este año se vieron cifras más positivas, aunque deben ser analizada más allá de la frialdad de los números.
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Los datos del primer trimestre de 2025 marcan un crecimiento de 33% en términos reales respecto al mismo período del año anterior, aunque cabe destacar que en aquel lapso se llevó adelante un durísimo ajuste fiscal, en el que la inversión ya había caído drásticamente. Hoy, las expectativas de los empresarios no son alentadoras.
En el sector explican que «por el momento» no se dan casos de quebrantos de empresas, aunque el ya extendido mix entre la falta de obras públicas y las deudas por cobrar no permiten ver una mejora en el tiempo.