El Consejo Federal Pesquero, integrado por funcionarios nacionales y de provincias con litoral costero, es el encargado de repartir las cuotas de pesca de distintas especies entre empresas y distritos. Este régimen de distribución, creado en 1997, fue implementado recién en 2009 y venció a fin del año pasado, por lo que se procedió a un nuevo reparto, luego de la investigación anual sobre el estado de las especies en el Mar Argentino. Los permisos rigen hasta 2039. Las cuotas de captura revisten importancia crucial para el negocio pesquero si se considera que, por ejemplo, la tonelada de merluza negra –la más codiciada– cuesta unos 30.000 dólares.
Una presentación del diputado bonaerense Gustavo Pulti sobre el presunto pago de coimas encendió las alarmas en torno del organismo encargado de actualizar el Régimen General de Cuotas Individuales Transferibles de Captura. Su denuncia se unificó con la posterior del empresario inmobiliario, cambiario y pesquero radicado en Ushuaia Liu Zhijiang, dueño de Prodesur SA. Entre los denunciados figura el subsecretario de Pesca y presidente del organismo, Juan Antonio López Cazorla.
El polémico Zhijiang, quien se presenta como oriundo de Taiwán, había sido denunciado en marzo de 2024 por violar la ley federal de pesca ocasionando un tremendo daño ecológico, pues pescó ilegalmente más de 170 toneladas de merluza negra. Incluso para pescar con cuota, la protección de esta variedad de merluza prohíbe su captura a profundidades superiores a los 800 metros, pues sus ciclos de reproducción son muy delicados. El embarque fue decomisado, se le prohibió pescar por 45 días y se le impuso multa por unos 3 millones de dólares.
Zhijiang acusa ahora al Consejo de un proceso fraudulento, incluidos sobornos, por el cual se le negó una cuota para pescar merluza negra. Luego de haber vendido su cuota de merluza negra en 2020, Prodesur apunta hoy a que se le asignen 800 toneladas, lo que equivaldría a unos 20 millones de dólares anuales. El caso pasó de la Justicia Federal de Mar del Plata a Comodoro Py, en el juzgado de Ariel Lijo.
Zhijiang también inició otra acción en la Justicia Contencioso Administrativa. Denuncia que la adjudicación no surgió de una licitación sino de un reparto digitado mediante el pago de sobornos. Nada dijo sobre las adjudicaciones recibidas por su buque Tai An para otras especies de menor valor. La cautelar que presentó pidiendo la nulidad de la asignación a tres empresas fue rechazada. Desde el Consejo hablan de extorsión y malas prácticas por parte de quien lleva amasada una fortuna con la pesca ilegal. Su estrategia judicial, que es también mediática por contar con el patrocinio letrado de Fernando Burlando, confunde y pretende desviar la atención de sus cuestionables actividades. Para ello también apela a su cercanía con el gobernador Gustavo Melella para crear una ciudad futurista en Tierra del Fuego; una forma de microcolonización moderna.
La Justicia deberá hacer su parte para llegar a la verdad. Las autoridades deben trabajar sin demoras para que nadie expolie nuestros recursos naturales violando las leyes y desconociendo la importancia de promover una mayor conciencia ambiental.