La crisis en la Petroquímica Río Tercero, Córdoba, alcanzó un nuevo pico con el despido de 120 trabajadores. La situación se tornó aún más delicada cuando empleados bloquearon los accesos al polo químico. La medida encendió alarmas en otras empresas que operan en la zona, como Atanor y la Fábrica Militar.
El intendente Marcos Ferrer confirmó los despidos y cuestionó el bloqueo gremial por sus consecuencias. “Nosotros les pedimos a los trabajadores que no bloqueen el acceso a Atanor”, expresó. Señaló que la firma está definiendo inversiones y que esta situación podría perjudicar proyectos en curso.
Desde el Ministerio Público Fiscal aseguraron que el acceso al polo está actualmente liberado. Sin embargo, la tensión se mantiene y el conflicto amenaza con escalar. El municipio expresó su solidaridad con los despedidos y advirtió sobre el impacto social de la medida.
Mientras tanto, la empresa y el sindicato se acusan mutuamente del deterioro laboral. En medio del caos, crecen las versiones sobre una eventual venta de la compañía. El panorama es incierto y la actividad industrial de la zona sigue en riesgo.
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Excusas empresariales para despidos que ya estaban en marcha
Petroquímica informó que desvinculó a 124 empleados por su situación económico-financiera. Justificó la medida como parte de una “profunda transformación”. También anunció que el resto del personal será dispensado temporalmente, aunque con salario.
Afirmó que las condiciones actuales no permiten una continuidad operativa segura y sustentable. Sin embargo, ya había aplicado ajustes similares en el último año. En 2023 había despedido a 120 empleados, recontratado a 20 y ahora volvió a recortar.
Las cifras indican un vaciamiento progresivo y planificado por parte de la empresa. De los 375 trabajadores que tenía en octubre, solo quedan 130. La estrategia muestra una reducción sistemática disfrazada de reestructuración forzosa.
El argumento de la empresa apunta a la apertura de las importaciones del actual modelo económico nacional. Pero también omite fallas internas como la gestión deficiente y el desinterés inversor. La empresa pertenece al grupo Piero, que diversificó sus negocios y priorizó otros rubros.
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Un gremio que bloquea y perjudica a los que aún tienen trabajo
El sindicato químico Spiqyp convocó un paro total tras conocer los nuevos despidos. La medida se extendió a todas las empresas del sector, incluida Atanor. También impidieron el ingreso del personal al polo químico, afectando tareas ajenas al conflicto.
El gremio recibió por correo electrónico las notificaciones de despido durante la madrugada. Denunció que la empresa no permitió el ingreso del turno mañana ese lunes. “Defenderemos hasta las últimas consecuencias a las familias petroquímicas de nuestra ciudad”, señalaron.
A pesar del discurso combativo, el paro no alcanza a la estatal Fábrica Militar. Esa planta sigue operando normalmente porque su personal está agremiado en ATE. La medida gremial muestra así un criterio arbitrario y de apriete que deja dudas sobre su eficacia.
Ferrer insistió en que el bloqueo pone en riesgo inversiones de otras firmas activas. Atanor estudia trasladar operaciones desde San Nicolás a Río Tercero y podría desistir. Afectar a empresas que no despidieron parece más castigo que defensa de derechos.
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Una crisis anunciada que nadie quiso evitar
En octubre de 2024, Petroquímica ya había cerrado su principal unidad de producción. Se trataba de la planta de TDI, insumo clave para colchones y otras industrias. Ese cierre implicó la salida de 125 empleados y un derrumbe en su facturación.
La empresa dijo que no podía competir con importaciones más baratas provenientes de Asia. Con eso perdió más del 70% de su volumen de ventas y entró en declive. Desde entonces, opera sólo con productos secundarios en menor escala y demanda.
En junio de este año, la empresa no pagó a tiempo ni los sueldos ni el medio aguinaldo. Recién tras negociaciones con el sindicato acordó abonar con demora. Todo el proceso mostró una descomposición laboral y financiera sostenida en el tiempo.
Mientras tanto, se habla de una posible venta a un productor de cloro nacional. El intendente Ferrer asegura que la empresa niega querer cerrar la planta. Sin embargo, la falta de claridad sobre la reestructuración actual deja a los trabajadores en la incertidumbre total.