En un escenario de acuerdos políticos frágiles, donde los compromisos se pueden romper apenas con un gesto destemplado, el Senado bonaerense consiguió unanimidad para la designación de 93 jueces, fiscales y defensores para toda la Provincia propuestos por Axel Kicillof.
La aprobación se concretó en la última y controvertida sesión del cuerpo en la que también se votó la reelección indefinida de legisladores, concejales y consejeros escolares, impulsada por el kirchnerismo y La Cámpora. Y constituye el segundo “paquete” de nombramientos que se registran en menos de un mes. El 28 de mayo, el cuerpo deliberativo dio luz verde a 131 magistrados en un plenario que no tuvo controversias y que contó con el aval de todos los bloques que integran la Comisión de Acuerdos.
La celeridad en este trámite -que siempre es complejo y de intensa negociación- tiene varios soportes. El primero es operativo: la Provincia tiene más de 2.600 cargos en el Poder Judicial, repartidos en 18 departamentos. Hasta mediados de 2024 había casi un 25% de vacantes. Es decir, faltaban 644 jueces, camaristas, fiscales, defensores e integrantes de tribunales superiores que resentían severamente el servicio de justicia. Se acumularon en años por traslados, fallecimientos y jubilaciones.
La mayoría con más de 2 años sin titular y algunos extremos, con 4 años de vacancia. El retraso afecta la administración de Justicia, genera demoras en los procesos y sobrecarga en los juzgados y fiscalías que deben subrogar. Después de este proceso acelerado de designaciones, quedarían, todavía, 230 sillones vacíos.
Entre 2019 y 2024, hubo una parálisis operativa del sistema de acuerdos y apenas se cubrieron 68 puestos. A partir de mediados del año pasado, el mecanismo se aceleró. En el parlamento coinciden en que la llegada de Juan Martín Mena (de La Cámpora) al ministerio de Justicia (reemplazó a Julio Alak, actual intendente de La Plata) aceitó los mecanismos que derivan en las designaciones.
También se explica por un poco traslúcido arreglo político. Se avanzó, entonces con 224 pliegos promovidos por el gobernador en dos sesiones consecutivas. En el medio, el oficialismo logró la controvertida reforma política que permite habilitar re reelecciones indefinidas. Aún falta el paso por Diputados, donde el panorama es más complejo.
Pero el peronismo hizo jugar los intereses de los bloques opositores en la designación de funcionarios de la Justicia, para forzar el quórum y habilitar el debate. Por eso, además de los integrantes de UxP, el número para empezar el debate se consiguió con el aval de dos legisladores opositores. Así, la sesión arrancó con 27 bancas ocupadas: 20 del oficialismo; 3 de los “libertarios blue”, dos de UCR-Cambio Federal y dos del PRO.
Los 93 funcionarios judiciales son “hombres y mujeres del “sistema”. Es decir, agentes que tienen años de transito en los pasillos de Tribunales y que han hilvanado vínculos políticos en las jurisdicciones.
De ahí proviene la mayoría holgada que el Senado consiguió para la aprobación de los pliegos. Todos los espacios con representación en el parlamento lograron incluir en las listas candidatos propios.
El PJ, La Cámpora y los intendentes del Conurbano empujaron las designaciones en Lomas de La Plata, Morón, Mercedes, Merlo, entro otros. Desde la bancada macrista, presidida por Cristian Gribaudo, se avanzó con candidaturas para la cobertura de vacantes en San Nicolás, Pergamino, Mar del Plata y Junín. Todos territorios con manejo de intendentes del PRO.
El radicalismo también tenía sus preferencias y una integrante de su bloque -Maria Lorena Mandagarán- fue una de las que permitió habilitar el quórum en la sesión del martes. La legisladora había promovido magistrados para el departamento de Azul que consiguió incorporar un puñado de cargos.
Según pudo averiguar Clarín, la concordancia para progresar con este esquema de avales había tenido encuentros preliminares hace más de un mes. Aún antes de que el cristinismo presentara su proyecto de re reelecciones que intensificó la tensión interna en el peronismo. Y previo, también a la decisión de la Corte Suprema de confirmar la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad, que movió todas las piezas del tablero provincial.
Ahora, resta un recorrido administrativo de estos pliegos para que lleguen a la firma de Kicillof, quien los pondrá en funciones a través de decretos respectivos.