La gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se encuentra en el centro de la polémica. Se filtró un audio en el que la gobernadora ordena soborna a un periodista crítico de su administración.
Este incidente ha generado un debate sobre la relación entre el gobierno y la prensa, así como sobre la libertad de expresión en el país.
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Este es el contenido del mensaje de voz de la morenista
En la grabación se escucha la voz de la mandataria instruyendo a un colaborador para que ofrezca dinero a un periodista con el fin de detener publicaciones desfavorables hacia su gestión.
‘‘Oye, se me hace que Ruben (nombre del periodista a sobornar) está sentido conmigo y con Molina. Apoyen a Ruben, que necesidad que nos esté golpeando todos los dias, ademas ni cobra una millonada»
La autenticidad del audio fue, como siempre, negada por la gobernadora, quien calificó la filtración como un intento de desestabilizar su gobierno y desacreditar su poca o inexistente labor.
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Cabe destacar que la gobernadora, está bajo la lupa de Washington, por posibles nexos con carteles terroristas mexicanos.
Este escándalo pone de manifiesto la tensa y, en ocasiones, peligrosa situación que enfrentan los periodistas en México. Organizaciones internacionales han señalado al país como uno de los más riesgosos para ejercer el periodismo, con altos índices de asesinatos y desapariciones de comunicadores.
Según Reporteros Sin Fronteras, México ocupa el tercer lugar mundial en asesinatos de periodistas, solo por detrás de Palestina y Pakistán.
La administración de Morena ha sido objeto de críticas por no implementar medidas efectivas que garanticen la seguridad y libertad de los periodistas.
A pesar de los compromisos expresados, la violencia contra la prensa persiste.
Casos como el de Baja California evidencian las prácticas cuestionables que algunos funcionarios estarían dispuestos a emplear para controlar la narrativa mediática.
Diversos sectores de la sociedad civil y organismos defensores de derechos humanos han exigido una investigación exhaustiva sobre las acusaciones contra la gobernadora. Subrayan la necesidad de esclarecer los hechos y, de ser cierto el intento de soborno, aplicar las sanciones correspondientes.
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Además, hacen un llamado a las autoridades federales para reforzar las políticas de protección a periodistas y garantizar un entorno seguro para ejercer su labor.
En este contexto, la relación entre el gobierno y los medios de comunicación se ve aún más deteriorada. La confianza en las instituciones se debilita cuando se percibe que desde el poder se intenta coartar la libertad de prensa mediante prácticas corruptas.
En la comunidad periodística enfrentamos el desafío de continuar informando a pesar de las amenazas y riesgos inherentes a esta profesión en el país. La sociedad mexicana depende de una prensa libre y crítica para el fortalecimiento de su democracia y el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos.