El juez del fuero Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, le dio cinco días al Gobierno Nacional para que se «manifiesten en relación a la nueva norma vigente -acompañando toda la documentación que consideren oportuna y procedente-«, en relación al Decreto aprobado por el Congreso sobre el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En esta causa se denunció la publicación del DNU N° 179/2025 que fue aprobado hace una semana por el Congreso de la Nación y que allanó el camino para que el Poder Ejecutivo Nacional avanzará en la negociación para un nuevo acuerdo con el FMI.
Horas previas a conocer los detalles brindados por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó que el acuerdo será por 20.000 millones de dólares, acusando a la oposición de querer desestabilizar al gobierno de Javier Milei, el juez Martín Cormick hizo lugar a un reclamo que se opone al DNU.
Este expediente inició con la presentación de Jonatan Baldiviezo (Abogado fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad), Marcos Zelaya (Abogado coordinador del área de Derecho y Nuevas Tecnologías), la Ing. María Eva Koutsovitis (Ingeniera fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos) y Claudio Lozano (Economista presidente de Unidad Popular), se denunció
Se denunció que el presidente Javier Milei se «auto-delegó facultades absolutas con relación a la toma de deuda con el FMI que pertenecen al Congreso Nacional».
La presentación judicial añade: «Este DNU le permite a Milei realizar ilimitadas operaciones de crédito público con el FMI (toma de deuda), por montos ilimitados, de manera indefinida e indeterminada, y sin un marco que restrinja las condicionalidades que imponga el FMI por cada concesión de nueva deuda
El DNU 179/2025 -se informó- «es un acto que tiene por objeto, directo o indirecto, convalidar, reconocer y cancelar vencimientos relacionados con el endeudamiento del Estado Argentino con el Fondo Monetario Internacional realizado durante el año 2018 y que fue refinanciado y ampliado en el año 2022 como resultado de la delegación realizada por la Ley N° 27.668».
En ese contexto, los denunciantes pidieron que se dicte una medida cautelar con efecto suspensivo «de la vigencia y los efectos del DNU N° 179/2025 y que se ordene al Poder Ejecutivo a no firmar con el FMI ninguna operación de crédito público que se realice en el marco de la aprobación dispuesta por el DNU N° 179/2025».
Al analizar los hechos expuestos, el juez del fuero Contencioso Administrativo Federal, consideró que para avanzar en el estudio del caso, era necesario contar con información y la postura del Poder Ejecutivo Nacional.
«Bajo dichos lineamientos y habiendo examinado el contenido del decreto 179/25 y lo señalado por la parte actora surge evidente que el citado decreto integra la pretensión» de impulsar la causa para estudiar los que se está denunciando.
Motivo por el cual, escribió el magistrado en la resolución a la que accedió Clarín, que «como medida para mejor proveer corresponde dar vista a las demandadas por el término de cinco días a fin de que se manifiesten en relación a la nueva norma vigente -acompañando toda la documentación que consideren oportuna y procedente».
En dicho sentido, el juez Cormick pidió que la Casa Rosada elabore un informe respecto a los alcances del DNU, los detalles del nuevo acuerdo con el FMI y se remita toda la documentación necesaria, la juzgado en el plazo de cinco días hábiles.
El magistrado es el mismo que hace una semana firmó una resolución, señalando que iba a monitorear personalmente la movilización en al que gremios, dirigentes kirchneristas y otros espacios políticos, realizaron en acompañamiento al reclamo de los jubilados y jubiladas por una mejora en sus haberes.
Es un juez vinculado a La Cámpora que fue funcionario durante la gestión de Cristina Kirchner y la de Alberto Fernández.
Entre octubre de 2014 y diciembre de 2015 durante la presidencia de Cristina Kirchner estuvo a cargo de la Inspección General de Justicia del Ministerio de Justicia de Nación. Cuatro años después, entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020, pasó a estar cargo de la Sindicatura General del PAMI, cuando Luana Volnovich, también de La Cámpora, había desembarcado al frente de la obra social de los jubilados.