El Colegio de Psicólogos de Córdoba manifestó su preocupación ante el cierre inminente de varios Centros de Salud Mental en la provincia, lo que impactará directamente en la atención a poblaciones vulnerables de la ciudad de Córdoba y de la provincia.
Estos centros han sido claves en la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 y la Ley Provincial N.º 9848, que establecen la atención en las comunidades como un derecho fundamental.
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Desde 1984, la secretaría de Salud Mental de la provincia ha mantenido equipos de atención comunitaria que trabajan en barrios y localidades del interior, brindando asistencia a través de talleres, asambleas comunitarias y acompañamiento a pacientes en sus entornos.
«Estos Centros ya tienen más de 40 años de inserción en distintas comunidades. La ley promueve que la gente sea atendida lo más cerca posible de su vivienda y con una accesibilidad geográfica y cultural», explicó la presidenta del Colegio de Psicólogos, Nora Galán, en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.
Según denuncian desde el sector, estos equipos serán completamente disueltos. Inicialmente, la provincia contaba con 16 Centros, algunos con sedes propias, pero en la actualidad solo quedan alrededor de seis grupos de trabajo.
Estos espacios se encuentran distribuidos en la ciudad de Córdoba, el corredor de Punilla y localidades como Unquillo y La Granja. Están conformados por psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras, sumando un total de 60 profesionales.
Según explican desde el Colegio, la atención en hospitales generales no reemplaza la labor comunitaria, ya que los hospitales están desbordados y cuentan con largas listas de espera.
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«Cada equipo tenía sus propias características y abordaba distintas necesidades. Algunos se enfocaban en talleres sobre prevención de la violencia contra las mujeres, otros en problemáticas de la infancia o en situaciones de discapacidad. El objetivo principal era que las personas con dificultades pudieran reintegrarse a su comunidad», precisó Galán.
Sin atención específica ni adaptada
Uno de los aspectos que más preocupa es la falta de contención para los pacientes que pierden este servicio. «Las personas deberán acudir a hospitales que ya están saturados, sin recibir la atención específica y adaptada a sus necesidades comunitarias», explicaron.
Aparentemente, la municipalidad asumiría parte de la atención, pero actualmente cuenta con solo 30 equipos para 100 centros de salud (municipales), lo que sigue siendo insuficiente.
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La institución denuncia que este vaciamiento de los Centros ha sido una acción progresiva desde la pandemia, reduciendo primero el personal y ahora cerrando los espacios. Así y todo personas que formaban parte de estos proyectos ya han expresado su rechazo, con vecinos y pacientes que dependen de estos servicios organizando acciones de protesta para evitar los cierres.
Recortes en el presupuesto de Salud Mental
Otra preocupación radica en la reducción del presupuesto en salud mental. Mientras que los organismos internacionales recomiendan destinar el 10% del presupuesto sanitario a esta área, en la provincia de Córdoba el porcentaje ha caído del 7,7% en 2015 al 4,98% actual, según precisaron desde el Colegio. La normativa vigente establece la creación de dispositivos comunitarios como centros de día y talleres sociolaborales, lo que no se ha cumplido.
Mayor demanda en el sistema de salud público y privado
El cierre de los Centros de Salud Mental también ocurre en un contexto de mayor demanda en el sistema de salud. Muchas personas que antes recurrían a la atención privada han migrado a las obras sociales, que actualmente están saturadas. A su vez, el sector público debe absorber a quienes han perdido su cobertura médica, generando una crisis en la prestación del servicio.
«Nunca se debería recortar en salud mental», enfatizan desde el Colegio, advirtiendo que el desmantelamiento de estos centros representa un retroceso en la garantía de derechos de la población más vulnerable. «La problemática de Salud Mental no es solamente barrial sino social«.