América Latina y el Caribe vivirá otro año frenético en 2025. Podría doblar la oreja sobre el impacto del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en México y Centroamérica o los avances del experimento libertario argentino bajo Javier Milei. En Venezuela, Nicolás Maduro intentará extender su reinado de terror, mientras que los líderes de izquierda a derecha se moverán con cuidado para no ser presionados por la competencia entre Estados Unidos y China.
El año comenzará y terminará con dos elecciones presidenciales consecuentes en Ecuador (9 de febrero) y Chile (16 de noviembre); el riesgo de que Bolivia se convierta en el próximo caso perdido político es cada vez mayor. La inseguridad, la migración y la pobreza cobrarán un gran protagonismo. La drástica caída de las tasas de fertilidad en la región y su grave problema de productividad atormentarán a los responsables de la formulación de políticas.
Pero a riesgo de sonar como un nerd irremediable, debo señalar el ineludible problema fiscal de América Latina como mi principal obsesión. La región vive muy por encima de sus posibilidades, con una deuda que se ha convertido en un agujero negro para los recursos, un sistema de recaudación de impuestos inadecuado y un enfoque aún más defectuoso del gasto.
El fracaso sistemático en la desactivación de esta bomba de tiempo fiscal tendrá profundas consecuencias políticas, económicas, sociales y financieras en toda la región el próximo año y los siguientes. La escasez presupuestaria resultante y las luchas para decidir quién obtiene qué —y quién pierde— agudizarán la tensión entre la política y los mercados, como estamos presenciando actualmente en Brasil.
Oportunamente, los números hablan por sí solos: según un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el costo del servicio de la deuda de la región ha aumentado a más del 12% de los ingresos fiscales totales; En algunos países ya supera los recursos que se gastan en servicios sociales clave. A modo de comparación, los países desarrollados del mundo gastaron un 4,8% en pagos de intereses en 2022.
Si tomamos Brasil entre 2010 y 2023, por ejemplo, el país gastó más del doble de su presupuesto de educación en intereses, mientras que Argentina dedicó casi el triple del monto de su factura de salud. En México, el pago de intereses consumirá 3.6% del PIB este año, similar a lo que el gobierno destina a gastos de capital, y por encima del 2.6% gastado solo en 2021, según el Fondo Monetario Internacional.
Los responsables de la formulación de políticas, desde Santiago hasta Santo Domingo, siguen luchando con los efectos de la pandemia en sus libros, que abarcan tanto el estímulo fiscal como el endurecimiento monetario necesario para controlar el repunte inflacionario posterior al Covid, que terminó impulsando las tasas de interés.
Los desequilibrios presupuestarios para estimular el crecimiento dificultan el logro de los objetivos de inflación, lo que obliga a los bancos centrales a mantener los tipos de interés más altos durante más tiempo.
«El espacio fiscal sigue siendo limitado», me dijo Sebastián Nieto-Parra, de la OCDE y quien coordinó el informe. «Tenemos que repensar la estructura tributaria para mejorar sus ingresos y equidad sin afectar al mismo tiempo el emprendimiento».
No quiero ser un optimista ingenuo, pero la buena noticia es que América Latina está tan mal organizada en términos de impuestos y gasto público que algunas medidas directas pueden proporcionar grandes beneficios: para empezar, un buen número de gobiernos necesitan aumentar los ingresos, que están significativamente por detrás de los promedios internacionales, ya sea aumentando las tasas o mejorando la recaudación. Casi la mitad de los ingresos se recaudan a través de impuestos indirectos como el IVA, que tiende a castigar desproporcionadamente a los pobres. Los gobiernos deberían centrarse en aumentar los ingresos procedentes de los impuestos sobre la renta personal y sobre la propiedad, en lugar de depender de los gravámenes a las empresas que perjudican la competitividad y la actividad.
Al mismo tiempo, es crucial mejorar la calidad del gasto y su supervisión. A nadie le gusta pagar impuestos, sobre todo en una región con una deuda social gigantesca. Pero es más aceptable hacerlo cuando los recursos se utilizan en servicios productivos y de alto rendimiento que cuando alimentan las fauces de una burocracia amorfa y opaca. La región gasta alrededor del 6% del PIB en subsidios a los combustibles fósiles, una política regresiva, altamente politizada y dañina para el medio ambiente.
El informe de la OCDE también destaca cómo mejorar el acceso de las empresas a los mercados financieros (ya sea a través de la venta de acciones, a través de acuerdos de capital de riesgo o préstamos de bancos privados y de desarrollo) en lugar de depender de la financiación pública.
Y luego tenemos el principal dilema de la región: acelerar la tasa de crecimiento. El problema de los ingresos sería mucho más fácil de abordar si la región se expandiera más rápido que el 2,4% actual estimado para el próximo año. Reducir la informalidad y aumentar la productividad debería encabezar los propósitos de Año Nuevo de los responsables de la formulación de políticas.
Emprender cualquiera de estas iniciativas probablemente provocará grandes luchas políticas y conflictos sociales: Brasil es la prueba A, con Lula (y el Congreso) negándose a controlar el presupuesto incluso cuando el país ya tiene la relación impuestos-PIB más alta de la región, con más del 33%. En México, Claudia Sheinbaum está tratando de reducir el mayor déficit desde la década de 1980 mientras evita una reforma impopular que aumenta los impuestos (mi apuesta: tarde o temprano necesitará esa reforma). En Colombia, Gustavo Petro está luchando por cumplir con las reglas fiscales del país, mientras que Gabriel Boric en Chile está tratando de reducir el desequilibrio del gobierno durante un año electoral.
La excepción actual es Argentina, con Milei recortando el déficit en más de 4 puntos del PIB en 2024, el mayor recorte presupuestario en décadas. Es cierto que Argentina es un caso atípico, y esto no podría haberse logrado sin el fuerte mandato popular que convirtió a Milei en presidente. Pero el caso ofrece una lección importante para los responsables políticos: es posible hacer un ajuste sin morir políticamente en el intento, todo depende de cómo se venda el recorte al electorado.
Todos los países parecen sufrir problemas fiscales en estos días. Basta con mirar a Estados Unidos y Francia. Pero América Latina todavía tiene más de una cuarta parte de su población en la pobreza y es la región más desigual del mundo. No hay forma de evitarlo: gastar de manera más inteligente es esencial para cualquier progreso futuro.