El gobierno convocó a sesiones extraordinarias, serían para este 20 de enero e incluiría, entre otras cosas; ficha limpia con algunos retoques; la ley de reiterancia y modificaciones en el Código Penal con ampliación sobre motivos para prisión preventiva; la ley antimafias; la reforma política acompañada de la eliminación de las PASO; y el nombramiento de los jueces en la Corte. Un combo nefasto que pretende aprobar el gobierno acelerando la rosca con aliados a cambio de acuerdos electorales.
Extraordinarias recargadas en el camino electoral
En el marco de los tironeos sobre la cuestión electoral y los acuerdos pretendidos por algunos aliados con la Libertad Avanza, el gobierno, por su parte, acelera las extraordinarias para lograr un combo de reformas y modificaciones en un amplio espectro de temas.
Con las declaraciones del vocero Adorni, en su perfil de X, las sesiones extraordinarias en el Congreso ya quedan confirmadas y el próximo lunes se oficializarían al publicarse en el Boletín Oficial.
Según el decreto el temario de las sesiones contendría: la reforma electoral con la eliminación de la PASO, los juicios en ausencia, Ficha Limpia y el régimen de reiterancia, proyectos para tratarse en la órbita de la Cámara Baja. Y los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema y la ley antimafia serían trabajados en la Cámara de Senadores.
Todos estos proyectos, según el gobierno, contaría con más apoyo que los que en las últimas semanas se les había demostrado. Motivo por el cual habían demorado en llamar a extraordinarias. Ahora, el gobierno, con las negociaciones electorales en la agenda, se anima a apurar a sus aliados con los que ha dialogado durante estas últimas semanas. Las extraordinarias se realizarían entre el 20 de enero y el 21 de febrero, por lo cual, se abre un periodo de negociaciones y de rosca política para conseguir los votos necesarios. Un momento, donde los votos del PRO y de la UCR serán el botín de los libertarios, pero donde, además, se podrá observar el comportamiento del PJ. Siendo que en las últimas instancias legislativas demostraron estar abiertos a negociar proyectos con la gestión mileista.
Coctel letal de reformas
Con la aprobación de la ley Bases y los decretos complementarios que llegaron posteriormente, el presidente blindó la legislación que necesitaba para desplegar su plan económico. Eso se manifiesta en el temario para las sesiones extraordinarias, donde se incluyen proyectos sobre la reforma política y modificaciones en el Código Penal y Procesal. En otro sentido, se promoverá una Ley de Compensación e índice de Actualización de Quebrantos.
En este último caso, se tratarían los proyectos -que cuentan con dictamen previo- de la posibilidad enjuicio en ausencia del imputado para delitos graves; la modificación de los regímenes de reiterancia, que implicaría que una persona que se encuentra procesada por diversas causas penales pase el tiempo de la investigación en contexto de encierro antes de ser juzgada, y la unificación de condenas. También se establecen figuras que amplían la prisión preventiva: presunción de peligro de fuga y de obstaculización de la investigación. Ambos proyectos iban a ser tratados en noviembre, pero la sesión -que incluía el tratamiento de Ficha Limpia- se cayó por falta de quórum.
En relación al último simulacro de llamado de sesiones extraordinarias, realizado a principios de diciembre pasado, se vuelve a incorporar al temario la Ley de Ficha Limpia. Un proyecto ya tratado, pero que no había obtenido el quorum necesario para conseguir media sanción, ya que tanto el PJ como la bancada libertaria, en diputados, no estaban dispuestos a votarlo. En esta ocasión, el proyecto que se presentaría no sería el elaborado por el PRO, sino uno trabajado por el propio Ejecutivo Nacional, del cual todavía no se conocen detalles. La última ocasión donde se intentó hacer pasar este proyecto fue en el marco de la condena recibida por Cristina Fernández de Kirchner, momento en donde la votación del proyecto quedó entendida como una maniobra para que la expresidenta no pueda presentarse como candidata a las próximas elecciones. Producto de estas hipótesis, y ante la negativa total de la bancada del PJ, La Libertad Avanza, con los dichos de Guillermo Francos a la cabeza, decidieron no apoyar el proyecto del partido macrista y aclararon que presentarían uno propio, en donde según declaraciones del jefe de Gabinete los libertarios explicaban que: “No queremos que quede en algo contra Cristina, sino en una norma general para todos”.
A este paquete de reformas también se le sumaría la Ley Antimafia, un proyecto promocionado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Una reforma en el Código Penal, en donde se buscan endurecer las penas, crear nuevas figuras y herramientas en función según ellos de combatir el crimen organizado. Escudándose en casos de corrupción y en cuestiones relacionados a la inseguridad, el gobierno busca conseguir elementos que nada tienen que ver con el combate de estas cuestiones. Por ejemplo, la ley antimafia, que busca endurecer penas para los integrantes de organizaciones criminales, tiene un trasfondo peligroso. Uno de los interrogantes que abre la discusión en este proyecto es sobre qué o quiénes serán los encargados en determinar las cuestiones para considerar a una organización como criminal. Esta propuesta legislativa, la cual, en primera instancia transitará por la Cámara Alta, es generada en función de endurecer la represión y el autoritarismo en el régimen. Con la idea de determinar a organizaciones opositoras en el marco de este carácter legal.
Por otro lado, la Cámara de Senadores, también recibirá el tratamiento de los pliegos de los Jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla candidatos ha conformar la Corte Suprema de Justicia, hoy incompleta. El tratamiento de esta parte de las sesiones extraordinarias se convertirá en una muestra clara de como negociarían los partidos tradicionales, ya que el oficialismo cuenta con un número ínfimo de senadores para lograr por si solos la votación de estos dos candidatos. Según elucubraciones publicadas por los medios, las negociaciones por Lijo serían las que más encaminadas encuentras, ya que contarían con el apoyo de la bancada del PJ, que posee 34 senadores. Por el lado de García Mansilla, las negociaciones contarían con muchas más dificultados.
Una reforma política y electoral antidemocrática
El maquillaje de esta parte del proyecto viene con la eliminación de las PASO. Aprovechándose del malestar existente hacia las elecciones y apoyándose en la idea del costo que estas generan en medio de una crisis, el gobierno con la promesa de eliminar esta instancia electoral, intentará también, profundizar en un régimen mucho más antidemocrático.
Un discurso cínico que no atiende a las verdaderas discusiones sobre el contenido de lo que representan las primarias, por ejemplo, su carácter restrictivo para las fuerzas políticas emergentes. Sino que toda esta discusión está organizada para clausurar maniobras electorales que sus aliados/opositores pudieran generar durante este año. En lo relacionado a esta parte de la reforma electoral, para la eliminación de las primarias, el oficialismo estaría necesitan 129 votos a favor, una mayoría agravada al tratarse de un tema electoral.
Pero la cuestión de fondo de esta reforma, que viene encabezada por la eliminación de las PASO, es el carácter antidemocrático y restrictivo que pretende aplicar este gobierno, generando las condiciones para que los únicos actores políticos dentro del parlamento sean los partidos tradicionales del régimen bancados por intereses privados.
La reforma busca modificar la forma de financiación estatal hacia los partidos, la cual se reduciría drásticamente. Y a la vez, facilitaría las condiciones para la participación de los privados. En relación a este tipo de financiamiento, los límites de estos aportes se elevarían de los $ 40 mil millones a los $ 300 mil millones. Lo que significa una privatización de la campaña electoral. Siguiendo esta suma de obstáculos en el periodo electoral, la reforma también pretende eliminar los espacios de publicidad cedidos por los medios de comunicación.
Además de todo esto, el oficialismo redobla su apuesta restrictiva y también busca seguir inclinando la balanza para el lado de los partidos de la casta. La reforma incluiría otras exigencias a la hora de la legalización de los partidos, como el aumento en la cantidad de afiliados para que estos sean oficializados.
El conjunto de todos estos cambios busca estratégicamente que fuerzas conformadas por trabajadores y para trabajadores queden fuera de la discusión electoral, es una drástica restricción a las fuerzas políticas de izquierda, para en este proceso solo se asegure la participación de las fuerzas patronales atadas a los intereses de los aportantes privados. En conclusión, esta reforma electoral y política busca aprontar un escenario mucho más prescriptivo, autoritario y antidemocrático.
De parte de la izquierda proponemos una reforma verdaderamente democrática, donde no exista ningún elemento proscriptivo. En donde el financiamiento estatal sea igualitario para todas las fuerzas políticas y donde los aportes privados estén prohibidos, clausurando de esta manera la posibilidad de la intromisión de los intereses empresariales. Además, que a todos los espacios se les aseguren lugares en los medios para que se puedan conocer sus propuestas.
Y a la suma de todas estas medidas, proponemos terminar con los comportamientos favorables a que los políticos se enquisten en la vida parlamentaria. En primer lugar, estos tienen que ganar lo mismo que una directora de escuela; y a la hora de presentarse y al finalizar sus mandatos, deben presentar una declaración jurada para demostrar que no se enriquecieron durante su gestión. Sumado a esto, estos cargos tienen que ser revocables, y con una duración máxima de dos periodos. Una batería de medidas de este tipo es lo único que puede asegurar una verdadera participación democrática.
¿Las extraordinarias, una muestra de gobernabilidad?
Lejos de que el Congreso se dedique a discutir las formas de resolver los problemas que aquejan a la mayoría de los trabajadores del país, este próximo periodo de sesiones legislativas extraordinarias estará armado, exclusivamente, para ajustar las negociaciones de los armados políticos de cara al calendario electoral del 2025.
Pero todo esto cuenta con un elemento peligrosísimo, ya que la posibilidad de aprobación de cualquiera de todos estos proyectos está atado a la idea de ir transitando hacia un régimen mucho más autoritario, represivo, restrictivo y proscritivo. Cualidades necesarias, donde la hoja de ruta de esta gestión se basa en la transferencia de las riquezas de los trabajadores hacia los sectores más concentrados de la economía.
El Ejecutivo nacional, a pesar de no tener mayorías en las cámaras del Congreso, hoy aprovecha este periodo de estabilidad y busca acelerar para conseguir todo lo necesario para endurecer el régimen como necesitan.
Mientras tanto las fuerzas patronales que dicen ser de oposición, como el PJ, están en plena rosca ven que pueden negociar de todo este paquete. Lo que demuestra que la única fuerza que verdaderamente enfrenta este ajuste y al gobierno de Milei es la izquierda por eso buscan proscribirla.
Las direcciones sindicales tampoco dicen mucho, avanza la reforma laboral de hecho, los despidos y cierres de industria. Y ahora este paquete político brutal pero siguen su camino de “no hacer nada”.
Milei busca fortalecer su gobierno. Un movimiento permitido por el propio presente de las principales fuerzas opositoras, las cuales tanto la UCR, el PRO, y el PJ se encuentran con un desorden interesante.
Más allá de los pronósticos sobre cómo se formarán estos partidos de cara a las elecciones o no, el tratamiento de todo este paquete legislativo, también abrirá un capitulo más en la colaboración entre los que se dicen opositores a este gobierno. Una imagen parecida a lo atravesado en las votaciones por la Ley Bases. Solo que, en este momento, y casi sin tapujos, el PJ también se suma a la mesa de las negociaciones, ya que sería parte encargada de brindarle los votos positivos, para la reforma electoral y concederle los pliego a Ariel Lijo, con el historial complicado que este carga en su currículum.
La sanción de todos estos proyectos, como se escribió anteriormente, promete otorgarle más herramientas al gobierno y permitirle la posibilidad de solidificar su posición. Como quedó claro en este 2024, si Milei puede seguir avanzando es gracias a las dirigencias políticas y sindicales que lo permiten. Y en 2025, estos actores pueden advertirse mucho más permisivos de cara a elecciones, momento donde todos quieren cuidar su quintita