La obra pública en los tiempos de Javier Milei: se demora un proyecto clave para mejorar la calidad de vida de 4,5 millones de personas

El cambio de gestión y la orden del presidente Javier Milei de ajustar al mínimo –y en lo posible, eliminar– las partidas para obra pública ya dejaron secuelas: dejaron al borde de la parálisis el “Sistema Riachuelo”, un megaproyecto de AySA que al ponerse en funcionamiento podría mejorarle la calidad de vida a un millón y medio de habitantes del conurbano bonaerense, con beneficios indirectos para otros 4,5 millones de usuarios. Con un dato adicional: el Banco Mundial giró a la Argentina los fondos para terminar las tareas, pero los contratistas cobran en cuentagotas y pueden quedar en condiciones de rescindir el contrato, según confirmaron a LA NACION cuatro fuentes al tanto de lo ocurrido durante estos meses.

Las miradas apuntan al Ministerio de Economía, que demoró las partidas para concluir el “lote 2″ del megaproyecto. Llegó a adeudar varios certificados de obra, incluidos los de abril ($1700 millones), mayo ($6000 millones) y junio ($4800 millones). Hasta que destrabó una transferencia a mediados de septiembre con el que evitó llegar a los 90 días de incumplimiento. Superar ese plazo hubiera habilitado a los contratistas a demandar en los tribunales al Estado nacional, aunque con ese desembolso parcial el Palacio de Hacienda sólo ganó unas semanas. El 1 de este mes debía afrontar otro vencimiento, que ante la consulta de LA NACION afirmaron que cancelarán en los próximos días.

“El problema no es que se hayan desviado los fondos [que giró el Banco Mundial], ni tampoco es un problema de AySA o de Acumar [por la Autoridad de Cuenca Riachuelo Matanza], sino el límite del crédito presupuestario. Y eso es algo que define Economía”, indicó una fuente que conoce, desde adentro, el desarrollo y ejecución del megaproyecto.

Desde el Palacio de Hacienda confirmaron a LA NACION las demoras en los pagos, pero cargaron contra la anterior gestión, liderada por Sergio Massa. “Al asumir, la obra se encontraba parada por falta de pago desde agosto del 2023″, indicaron. En marzo se pagó deuda por $15.460.957.664,78″, precisaron. ¿Y qué pasó con los pagos pendientes desde marzo en adelante? Respuesta oficial: “Se encuentra en retraso el pago del certificado de junio que tenía como cronograma de pago previsto el 1 de octubre por $4.820.612.888. El retraso se produjo por falta de reconocimiento de número SWIFT de la casa de origen, más demoras en la acreditación en la cuenta designada para su erogación; previendo regularizar su erogación el 7 de octubre”.

Desde AYSA, en tanto, ofrecieron una respuesta similar, pero distinta: tras aclarar que la ACUMAR opera como unidad ejecutora que gestiona el préstamo y los fondos, para que luego AySA dispone para realizar los pagos, indicaron a LA NACION los certificados que vencieron en julio y agosto ya fueron cancelados. Ahora, abundó, está “a la espera de que la Acumar transfiera los fondos en las próximas semanas para regularizar el certificado que vencía en septiembre”, para luego indicar que “a pesar de estos retrasos, la obra continuó su ejecución” y que la ACUMAR “está gestionando con el Ministerio de Economía las ampliaciones de crédito presupuestario, a fin de garantizar la continuidad del proyecto”.

Radiografía de la obra pública

Concebido durante los albores del kirchnerismo, el “Sistema Riachuelo” resulta una radiografía precisa de cómo funciona la obra pública en la Argentina. Comenzó a gestarse en 2008 con la promesa de terminarlo en cuatro años, pero se licitó en 2011, se firmó en 2014 y la inauguración se planeó para 2019. Pasó luego para 2022. Y en septiembre de 2023, la entonces titular de AySA, Malena Galmarini, y su marido, el entonces ministro Massa, celebraron el “inicio al proceso de puesta en marcha”, en plena campaña presidencial de Massa. Pero el “inicio” no fue tal. El “Sistema Riachuelo” sigue hoy sin funcionar.

Por su complejidad, el megaproyecto se concibió en tres partes o “lotes”. El 1 y 3 quedaron desde su inicio bajo control y financiamiento del Banco Mundial, mientras que el “lote 2″ quedó bajo fondeo y control de Néstor Kirchner y Julio De Vido, que lo entregaron a constructoras amigas, afrontó todo tipo de vaivenes y hoy, tras ceder los controles y fondeo al Banco Mundial, mejoró su ejecución y los últimos datos oficiales marcan un 86% de avance, aunque actualizado llegaría al 92 por ciento.

Ahora, los involucrados afirman que las obras podrían completarse “en meses”, siempre que no haya demoras o imprevistos. Así, 2025 podría ser el año inaugural. Pero tampoco pueden garantizarlo, ya que dependen de las partidas que debe liberar el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, quien sigue las directrices restrictivas de la Casa Rosada.

Las pautas que fijó Milei son claras. “La obra pública se termina. Es decir, no tenemos plata. Hay que recortar, porque el déficit fiscal es muy alto”, afirmó a fines de noviembre, ya como presidente electo. Y Caputo actuó en consecuencia: redujo al mínimo el flujo de partidas, con la consiguiente ralentización o paralización de obras públicas en distintos puntos del país.

El “Sistema Riachuelo” es, sin embargo, distinto. Porque su financiamiento no proviene de las arcas del Estado nacional, sino del Banco Mundial, que ya giró los fondos para completar las obras, a las que asigna prioridad, por los años de retraso y por la cuantía. Son cerca de US$1227 millones, su financiamiento más grande en toda América Latina y el Caribe.

Para los ejecutivos del Banco Mundial, en tanto, el megaproyecto conlleva desafíos y dolores de cabeza recurrentes. Deben lidiar con la realidad argentina y con las preguntas que llegan desde Washington, donde exigen respuestas y resultados. Pero prefieren mantener la vista en la meta: “El proyecto se sigue ejecutando, hubo algún retraso dado el cambio de administración, pero la obra continua y esperamos que se inaugure en 2025″, indicaron ante la consulta de LA NACION.

Los resultados durante los últimos años, sin embargo, distan de ser los esperados, como consignaron los informes que la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) emitieron en 2018 y 2021.

El informe de la Sigen expuso, entre otras falencias, el “deficiente grado de planificación y programación de las tareas” del Sistema Riachuelo, las “sucesivas modificaciones” que sufrió el megaproyecto, sus “significativos retrasos”, “las redeterminaciones de precios generadas en consecuencia” durante las presidencias de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, y hasta una contratación directa por 14 millones de euros.

Los tres tramos o “lotes” registraron problemas, pero con diferencias evidentes de avance y transparencia, además de modificaciones periódicas de plazos y costos:

Hoy, con las obras finalizadas, los “lotes” 1 y 3 afrontan otros desafíos: registran períodos de garantía originales vencidos y extendidos ya por segunda vez, a la espera de completar los trabajos del “lote” 2, que a su vez está próximo a comenzar las pruebas finales con líquidos cloacales. Pero la paralización de las obras y las demoras en el pago de los certificados amenaza con postergar, otra vez, el final.

¿Un ejemplo? Según indicaron fuentes al tanto de las negociaciones a LA NACION, el consorcio contratista avisó que si para el 16 de septiembre no le pagaban los certificados de junio, se cumplirían los 90 días de incumplimiento e iniciaría las acciones de rescisión contractual, imputable al comitente. Es decir, al Estado nacional.

El problema es que el dinero para obras públicas no abunda durante los primeros meses de la gestión Milei. Y conlleva el dilema de la frazada corta. Y así es como el Ministerio de Economía retacea partidas y Acumar giró los pocos fondos de los que disponía a afrontar vencimientos en las obras de la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos (Pteli). Al 31 de diciembre, ese proyecto registró el 79% de avance, según el monitor PISA de Acumar.