La Justicia de Córdoba demoró 20 años en elevar a juicio la causa contra el exintendente de la localidad de El Brete (en Traslasierra) y exlegislador provincial José Eugenio Díaz, imputado desde 2004 por cuatro casos de abuso sexual y uno de coacción, todo agravado por ser funcionario público.
Este martes, la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía de los Ángeles Cepede, elevó a juicio una de las cinco causas contra dirigente radical. Las otras cuatro causas aún siguen sin resolución.
El exintendente está acusado por haber abusado de empleadas del municipio, a quienes habría amenazado con quitarles sus planes sociales si no accedían a tener relaciones sexuales con él. Las mujeres eran chicas de unos 20 años, de contextos socioeconómicos vulnerables. Según la acusación, los relatos denotan la “perversidad” de sus pedidos, e incluso de sus “preferencias” como lo eran las jóvenes embarazadas.
El abogado Pablo Olmos representa desde aquel entonces a una de las víctimas. En diálogo con La Voz contó el largo camino que recorrió para lograr que la justicia actúe en este caso. Y dijo que a pesar de tener una imputación, la causa fue “cajoneada” por dos décadas.
“Esta es la prueba de que la corrupción en el Poder Judicial existe”, dijo el letrado, quien también denunció maniobras de encubrimiento ante la Fiscalía General.
Díaz sigue en libertad y Olmos advirtió que hay riesgo procesal por el gran poder que detenta en la zona. “Uno de sus hijos es el actual intendente de El Brete; otro es presidente de la cooperativa del pueblo; y él sigue participando en actos públicos. La causa no prescribió porque Díaz ocupó cargos públicos hasta hace poco tiempo.
Un largo peregrinar
Las cinco denuncias contra Díaz recayeron en un primer momento en la Fiscalía de Cruz del Eje, a cargo de Raúl Casado, quien ese mismo año imputó al entonces intendente y ordenó pericias sobre las víctimas.
Luego, Casado se apartó de la causa que quedó en manos de la Fiscalía de Deán Funes. “En Deán Funes fue un martirio. La causa se cajoneó y sufrí muchísimas amenazas. Incluso balearon la casa de mis padres y las propias chicas fueron amenazadas”, dijo el abogado
Por esta dilación, el letrado pidió en 2021 a la Fiscalía General que se investigue el accionar de la Justicia en la causa. “Hay que recordar lo que es para una víctima denunciar un hecho así en un lugar donde todos se conocen, y donde una persona que es intendente ejerce mucho poder”, advirtió.
Luego, la Fiscalía General ordenó que la Fiscalía de Cosquín, a cargo de Paula Kelm, investigara el accionar judicial. “Eso es algo que nunca sucedió. A mí nunca me llamaron a declarar”, remarcó Olmos.
El abogado contó que la causa figuraba como archivada, algo que no se puede hacer cuando hay una imputación, motivo por el cual no podía ni siquiera ingresar los escritos al sistema, ni ver la causa.
Por ello, el abogado pidió que se desglose la causa para poder avanzar, ya que faltaba una de las pericias a una de las víctimas, pero asegura que siempre recibía como respuesta que los equipos técnicos no tenían tiempo para hacerlo.
La semana pasada presentó otros recursos ante la Fiscalía de Cosquín y volvió a acudir a la Fiscalía General. Finalmente, este martes se dio a conocer la elevación a juicio, aunque solo en el caso de una de las víctimas. “Espero que se pueda hacer justicia por esta víctima y por las otras cuatro también, que aún esperan”, concluyó Olmos.