La Policía de Córdoba transita tiempos de zozobra, relacionados con la mala conducta de varios de sus miembros. Un deterioro que llega al extremo de tener que informar sobre más de un hecho delictivo por día perpetrado por sujetos que visten un uniforme y portan un arma reglamentaria provista por el Estado en la misión de servir a la comunidad.
Preocupan, sobre todo, los episodios de instancia privada, entre los que sobresalen situaciones de acoso sexual en perjuicio de mujeres policías y civiles. Y hasta un hecho de violación a una detenida, ocurrido días atrás en la alcaidía de Río Cuarto.
La escalada de malas prácticas alcanza ribetes escandalosos y pone en duda la debida selección de los aspirantes que pasarán a formar parte de la institución. A lo ya apuntado, se sumó en las últimas horas la noticia del pase a retiro de un alto oficial sospechado de hostigar a un subalterno homosexual. La vergüenza y el desprestigio campean en la Policía de Córdoba.
Sin embargo, el desorden funcional no se agota en esos arrebatos incalificables. También se enumeran delitos emparentados con el raterismo de bajo fondo, como el de un suboficial retirado que le robó una riñonera a un taxista en Córdoba capital.
A todo esto, la reacción del ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, fue taxativa, aunque dejó tela para el análisis. Admitió que en la fuerza “están los buenos policías y los delincuentes que se disfrazan de policías”.
Y ensayó un atisbo de preocupación sobre la capacitación de la tropa, a lo que habría que agregar la selección de personal, lo cual requiere de rigurosos exámenes psicofísicos tendientes a determinar que entre quienes van a vestir el uniforme azul y a recibir un arma de fuego no haya “delincuentes”, como el mismo ministro los califica.
Es cierto que un puñado de malos servidores no pueden empañar la tarea de una institución que cuenta con más de 20 mil policías en actividad. Pero es factible que la percepción de la sociedad no se guíe sólo por los números.
La gente asiste turbada a estas graves transgresiones, que vienen a ahondar el estado de indefensión por la inseguridad que se vive en las calles a manos de motochoros que matan a la víctima para robarle el rodado o un celular.
La Justicia ordinaria y las direcciones internas de la Policía que evalúan conductas y sanciones de los efectivos que manchan el uniforme deben obrar sin apañamientos ni connivencias.
El personal que incurrió en un delito debe ser sancionado y evaluar si debe ser separado de su cargo, más aún en casos de instancia privada.
Las instituciones avanzan en la dirección correcta si no permiten que hostigamientos por razones de orientación sexual, de género o raciales queden impunes.
La llamada “mala policía” no es sólo patrimonio de la provincia de Córdoba, pero ello no es argumento para desentenderse de temas de alta complejidad.