Perón y la huelga como delito

A pocos días contados desde que asumieron el gobierno las autoridades consagradas por el 56% de los electores, varias huelgas han privado a la población de servicios vitales.

Sindicatos autollamados “columna vertebral del peronismo” y otros conducidos por militantes comunistas utilizan la fuerza para eliminar los derechos consagrados por los artículos 14 de la Constitución Nacional y 10 del Código Civil y Comercial.

Ignoran (o fingen ignorar) que el llamado “derecho de huelga” no es absoluto, y el artículo 29 considera como delito de sedición “toda reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione en nombre de este”.

Ocultan que Juan Perón decretó en 1945, cuando era miembro del gobierno de facto instalado en 1943, que cometían delitos quienes afectaran con huelgas los servicios públicos.

Enemigo del desorden, al sancionarse en 1949 la reforma constitucional que habilitó su reelección, instruyó en forma expresa a los convencionales para que no se admitiera la huelga como derecho y, menos, la huelga que afectare servicios públicos. Así, el convencional informante aseveró que “la huelga no es un derecho, y sólo trae aparejada anarquía”.

No podía sorprender a nadie, entonces, que las llamadas “20 verdades justicialistas” no mencionaran la huelga como “derecho”, así como tampoco habilitaban las convenciones colectivas ni otorgaban “estabilidad a los empleados públicos”. Para Perón, el empleado público era, antes que nada, un “servidor”, parte de una función pública. “El Estado no es una sociedad anónima y no persigue fines de lucro –enseñaba–; por lo tanto, jamás puede tener intereses contrapuestos con sus colaboradores…”.

Las “convenciones colectivas” y las llamadas “paritarias” fueron recién consagradas legalmente en 1953, e impuestas por las negociaciones que entonces se entablaron con EE.UU. para instalar en el país la fábrica de automotores Kaiser. Las “paritarias” no eran libre voluntad de los contratantes; para su validez, debían ser previamente “homologadas” por el gobierno. Hasta ese año, Perón no admitió “paritarias”. Los sueldos los fijaba el Poder Ejecutivo. O sea, el propio Perón.

En enero de 1951, un sector del gremio de los trabajadores ferroviarios declaró una huelga que suspendió los servicios. Una madrugada, en una estación del conurbano, se presentó Eva Perón (sin ocultar los signos de la enfermedad que le quitó la vida al año siguiente) para arengar y amenazar a los huelguistas. En ese mismo año, luego de alzamiento militar que organizó el general Benjamín Menéndez, Perón hizo dictar la ley de “conmoción interior” –conocida por sus abreviatura “Conintes”–, que, entre otras medidas punitivas, estableció la pena de prisión para los organizadores y participantes de una huelga. La pena se cumplía en un establecimiento militar y se daba al autor del delito el trato infamante de “colimba”.

Traigo estos antecedentes para demostrar que Perón condenaba el desorden social y consideraba la huelga como un delito que no podía permanecer impune. Y no permitió que los sindicatos se adueñaran del Estado ni que se comportaran como “un Estado de facto dentro del Estado de la ley”.

Almacenes y negocios minoristas ven la caída del consumo.

No ignoro que el pasado no se repite. Es tal la capacidad de daño material y de ofensa moral que tienen los sindicatos (con sus “patotas”, “sus matones” y las amenazas de privar a la población de servicios vitales) que me atrevo a dudar de si Perón podría hoy defender a los débiles y castigar a los violentos.

Los partidos políticos, las universidades, el Ministerio Público, los gobernantes en general carecen de convicciones y de aptitudes para terminar con la dictadura sindical. Y no es una exageración pensar que la violencia aumentará. Hasta quebrar la paz social.

La inflación es causa de pobreza y delito como lo es la emisión de dinero sin respaldo. Pero hay remedios. El mal no radica sólo en la inflación. Mientras sigan gobernando las corporaciones sindicales y empresariales y los gobernantes feudales de las provincias, no habrá progreso ni paz social.

Evoco a Perón, de quien fui adversario desde el 24 de febrero de 1946, pero lo relatado hasta aquí me habilita a gritar (estilo Milei): “¡Viva Perón, carajo!”.

* Abogado

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