Tanto el llamado al Pacto de Mayo como la rápida aceptación de las provincias que se habían mostrado más agresivas en la pelea por la coparticipación -como Chubut- dejó en claro la gravedad de la crisis fiscal: ni Javier Milei ni los gobernadores están en condiciones de seguir tensando una situación en la que todos tienen para perder.
Y los números de la recaudación impositiva -que precisamente se conocían poco antes del discurso del presidente ante el Congreso- confirmaron lo que muchos sospechaban: que las cajas de la AFIP y la Anses se empezaron a deteriorar y que el superávit fiscal obtenido en enero difícilmente pueda prolongarse mucho tiempo si no se introducen modificaciones tributarias.
La recaudación total de febrero cayó un 5,8% respecto de la de enero, en términos nominales. Si se tiene en cuenta que la inflación del mes probablemente haya sido del 15%, eso implica una caída real del 18% para los recursos del Estado nacional.
Y el análisis de los rubros específicos muestran que la tendencia recesiva ya está dejando su marca en las arcas fiscales. El IVA que recauda la DGI es el indicador por excelencia vinculado a la actividad comercial, y sus variaciones son un reflejo de la intensificación o retracción de los consumidores. En febrero hubo una variación nominal positiva de 9%, que cuando se lo corrige por la inflación del mes se convierte en una caída real de 5%.
Peor aun es la situación de la recaudación por la seguridad social, que directamente tuvo una caída de 7% en términos nominales, lo que implica, en apenas un mes, un desplome de 20% en términos reales.
La tentación del impuesto PAIS
El impuesto PAIS está entre los pocos que tuvo una suba real -del orden del 6%- lo cual explica, también, por qué los gobernadores provinciales habían visto en este tributo una posibilidad de compensar la caída que sufrieron las cajas provinciales por la merma en Ganancias.
Pero es difícil que Milei y Toto Caputo acepten ese pedido. El impuesto PAIS ya representa un 8% de la «torta» impositiva total, y todo indica que su importancia seguirá subiendo. Ocurre que su volumen está ligado al comercio exterior. Enero había sido un mes de importaciones muy bajas, con apenas u$s4.600 millones, y en el gobierno esperan que, en la medida en que empiecen a ingresar los dólares de la cosecha gruesa, la importación también empiece a subir.
La recaudación de la AFIP tuvo una caída real de 18% respecto de enero y se complica la continuidad del superávit fiscal
Oficialmente, el argumento que planteó Milei es que el impuesto PAIS está llamado a desaparecer en el mediano plazo, porque su existencia sólo se justifica por la existencia del cepo cambiario. Sin embargo, en el mercado hay dudas sobre qué tan rápida sea su eliminación, dada esa importancia que está jugando para la salud de las cuentas fiscales.
En todo caso, si el gobierno nacional decidiera repartir parte de ese impuesto con las provincias, ahí Milei tendría un argumento de peso para que los gobernadores lo ayuden a defender el Decreto de Necesidad y Urgencia, dado que uno de los puntos principales que lo conforman es la suba de la alícuota del impuesto PAIS, que pasó del 7,5% al 17,5% para gravar las importaciones.
Se extraña Ganancias
Pero, sobre todo, si algo está dejando en evidencia la recaudación tributaria es el impacto que tuvo la modificación del impuesto a las Ganancias, que en plena campaña electoral exoneró a casi un millón de asalariados de altos ingresos por el pago de este tributo.
Si de compara lo que ingresó por Ganancias en febrero respecto de lo que se había recaudado un año atrás, el desplome real supera el 30%. Para verlo más claro: mientras un año atrás Ganancias significaba un 22% del total de la recaudación, hoy apenas llega al 15%.
Es por eso que la reinstauración de Ganancias se transformó en un punto central de la estrategia negociadora del gobierno, que lo incluyó en la versión original de la Ley Bases. Y estos números explican también por qué las provincias trabaron la votación de la ley cuando vieron que el presidente no estaba dispuesto a aceptar la coparticipación ni del impuesto al Cheque, ni del impuesto PAIS ni del impuesto a los combustibles.
¿Estará sobre la mesa de negociación en Córdoba que finalmente todos se avengan a reinstaurar Ganancias, aunque implique pagar el costo político de irritar al electorado que ya se había beneficiado con la medida? Es uno de los grandes interrogantes que dejó el discurso de Milei, quien no aclaró si su renovado pedido de aprobación de la Ley Bases incluye o no el polémico capítulo fiscal.
Desde el punto de vista de los gobernadores peronistas sigue habiendo un impedimento político grande con este tema: apoyar el regreso del impuesto a las Ganancias supondría enfrentarse con la central sindical CGT, que ya dejó en claro, en el acto del paro general el pasado 24 de enero, que todo peronista que votara ese impuesto sería considerado un traidor.
La fórmula de indexación jubilatoria vuelve a estar en el centro de la negociación política
La urgencia por la fórmula jubilatoria
Lo cierto es que los números de la recaudación dejan en claro el problema de Milei: los números fiscales están perdiendo su impulso por un motivo doble: por un lado el propio hecho de que la inflación esté atenuándose, implica una menor suba nominal; y por otra parte la fuerza de la recesión está haciendo que se debilite el ingreso de los impuestos más directamente vinculados con el nivel de actividad.
En contraste, los gastos se muestran mucho más inflexibles a la baja, dado que en su mayor parte están conformados por salarios del sector público y jubilaciones. Y hay cierto consenso respecto de que no hay más margen para que estos dos rubros sigan siendo la variable del ajuste.
El propio Fondo Monetario Internacional advirtió de manera explícita sobre este tema. Y el mismo argumento fue repetido por la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, tras su encuentro en la cumbre del G20 con el ministro Caputo.
En enero, el superávit fiscal no habría sido posible si no fuera por la licuación de 32% en el gasto de jubilaciones. Todavía no se conocen los números de febrero, pero el gobierno insiste en que nuevamente habrá números en azul.
En todo caso, lo que está claro es que la situación no se podrá sostener mucho tiempo: la propia desaceleración inflacionaria hará que la masa jubilatoria empiece a recuperar parte del ingreso perdido, y del otro lado se verá una caída recaudatoria por el enfriamiento de la economía.
Es lo que explica por qué Milei se preocupó de reflotar el proyecto de modificación de la fórmula de indexación jubilatoria como parte central del pacto fiscal con los gobernadores en Córdoba.
Provincias, con poco oxígeno
En la vereda de enfrente, la situación de las cajas provinciales también muestra signos de emergencia.
Según los datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el monto enviado por el gobierno nacional a las provincias en febrero pasado -un total de $2.2 billones- supone, en términos reales, un recorte de 19,5% en comparación con el mismo mes del año pasado.
El recorte en la transferencia de recursos desde la Nación supuso un deterioro acelerado de las cajas provinciales
Y todo indica que esa será la tónica para el resto del año. Al menos, mientras no se aprueben nuevas fuentes de ingreso fiscal o no mejore la actividad económica. La caída en los envíos por coparticipación se explica, sobre todo, por la menor recaudación en el impuesto a las Ganancias.
Y, además, está rigiendo un fuerte recorte en los envíos de las llamadas «transferencias discrecionales» que van por fuera de la coparticipación, y que están en el centro de las peleas políticas por la caja fiscal.
El total de recursos recibido en el acumulado de enero y febrero -$4,5 billones- es, según Iaraf, «el menor monto real para el primer bimestre de los últimos nueve años».
Y todo esto ocurre en el contexto de un alto nivel de endeudamiento: este año vencen deudas de las provincias con la Nación por casi $400.000 millones, y el conflicto de Chubut ya dio la pauta de que Milei no está dispuesto a ceder en su postura rígida.
Pero, además de la deuda con la Nación, está el calendario de los vencimientos con los acreedores privados, por los bonos en dólares. El monto de pagos para este año es de u$s1.770 millones para un grupo de 13 provincias.