Alrededor de los fondos fiduciarios, señalados desde el Gobierno como «las cajas negras de la política», se han despertado todo tipo de polémicas y opiniones a partir de la caída de un inciso en la Ley ómnibus y de las diferentes propuestas que se impulsan ahora para transparentarlos y regularlos.
Mientras el Gobierno planea traspasar por decreto el manejo de estos fideicomisos públicos al Ministerio de Economía, una diputada del PRO, bloque aliado de La Libertad Avanza, impulsa un proyecto para que el Poder Ejecutivo pueda disponer -durante toda su gestión- de cerca de 2 billones de pesos que habría en excedentes de los mismos.
La iniciativa de Silvana Giudici apunta a «darle las herramientas al presidente Javier Milei para que el ajuste no lo tengan que pagar los jubilados ni los trabajadores», dijo y señaló que «hay fondos de disponibilidad inmediata, excedentes presupuestarios y remanentes en la mayoría de los 29 fondos fiduciarios capitalizables por el Estado que podrían ser rápidamente redireccionados para que el Ejecutivo los utilice en la atención de las necesidades más urgentes de la población».
El proyecto expone cómo entre 2012 y 2021 los ingresos de los fideicomisos se duplicaron en términos de porcentaje del PBI, mientras que los gastos por ejecución disminuyeron a la mitad en el mismo período. Esto generó un excedente de $664.399 millones en 2021, $515.405 millones en 2022 y $566.606 millones en 2023. «Esos fondos son los que el proyecto propone liberar para su asignación directa al Tesoro y de este modo engrosar anualmente los programas y políticas sociales que el Poder Ejecutivo vaya a priorizar», indicó la legisladora.
Además de Giudici, firmaron la iniciativa sus pares del PRO Karina Bachey, Aníbal Tortoriello, Sergio Capozzi, José Núñez, Martín Ardohain, Emmanuel Bianchetti, Marilú Quiroz y Patricia Vásquez.
«Al caerse el artículo 5, inciso H, del proyecto Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, donde el Gobierno proponía delegarle la facultad al presidente para reorganizar los recursos de los fondos fiduciarios, nos parece importante presentar esta iniciativa para que, por un lado, establezca un marco de acceso a la información y transparencia sobre la utilización de estos instrumentos financieros, y por otro para racionalizar los recursos que se encuentran ociosos en muchos de estos fondos, sin ser aplicados a obras o programas y que no llegan nunca a la gente», argumentó la diputada.
Con un proyecto de ley, quieren que Milei pueda disponer de 2 billones de pesos
Cuestionan la falta de transparencia y control sobre los fideicomisos
En los fundamentos del proyecto, la diputada del Pro aportó datos sobre un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que «pone en evidencia que no todos los fiduciarios reportan el detalle de las transferencias que realizan a los beneficiarios, sean estos públicos o privados».
El uso de los fideicomisos por parte del sector público nacional «ha provocado que en muchos casos representen y respondan a intereses particulares, corporativos o políticos, los cuales se aseguran el acceso y control de una fuente financiamiento encubierta en el cumplimiento de los objetivos de interés público para los que fueron creados», advirtió.
En ese sentido, Giudici planteó que estas herramientas «no han hecho más que constituirse en vehículos alternativos de administración de fondos públicos de escasa o nula transparencia y control por parte del Estado Nacional y los organismos de auditoría«.
«La cantidad de dinero volcada en los fondos fiduciarios a lo largo de los años ha sido monumental. Sin embargo, no existe estudio técnico de costos, recursos e impactos que muestre la eficacia, eficiencia, economía y equidad del instituto del fideicomiso en términos de efectos agregados positivos, y justifique su superioridad respecto de una concreción de esas mismas finalidades sociales o de interés general a través de una regular ejecución presupuestaria», agregó, para denunciar además que «ha prevalecido» en torno a estos fondos «la lenidad en los controles y en la rendición de cuentas, la opacidad, la ineficacia, el despilfarro y la corrupción».
Proponen que el Congreso se involucre en las auditorías
Para la legisladora, «urge la necesidad de intervención del Honorable Congreso de la Nación para regularizar esta situación y contribuir a sistematizar, simplificar y unificar la normativa vigente, y ordenar la realización de un relevamiento exhaustivo de los fondos fiduciarios comprendidos» en la Ley de Administración Financiera por un período que abarque los últimos 5 años.
Así, el proyecto busca crear en el ámbito únicamente de la Cámara de Diputados una Comisión para el Relevamiento, la Auditoría y el Ordenamiento Normativo y Operativo de los Fondos Fiduciarios Públicos, la cual deberá hacer un relevamiento, generar un registro detallado, y verificar la efectiva distribución y ejecución de los fondos asignados, entre otras funciones.
Además, esta comisión podría recibir denuncias y citar a testigos a emitir declaraciones. Otro de los artículos dispone que «el Estado Nacional, como propietario de los bienes de su dominio público o privado transferido a un fiduciario, a través de su jefe de Gabinete, deberá informar al Congreso Nacional trimestralmente la gestión, evolución, el flujo y uso de los fondos fiduciarios».